La vuelta al cole del Gobierno será como la cuesta de septiembre de la gran mayoría de familias españolas: dura. Pedro Sánchez y su equipo ministerial ya han anunciado que acortan sus vacaciones para un año intenso y marcado en rojo en la agenda del Ejecutivo de coalición, PSOE-Unidas Podemos. En ese último año de legislatura se suceden decisiones de gran calado, con el PP empujando con fuerza por detrás. Y es que se está estudiando que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se apruebe este otoño.
El primer tema a tratar será el que más polémica ha causado, el del decreto de ahorro energético ante el que se han rebelado algunas autonomías, encargadas estas de aplicar las medidas dirigidas a contener una subida de precios generalizada con números históricos y que amenaza a la mayoría de las economías mundiales con la recesión.
Esta inflación, que ha obligado incluso a entrar en escena al BCE con el endurecimiento de la política monetaria, está devorando progresivamente el poder adquisitivo de la gran parte de los hogares. Los precios crecen, pero no así los salarios o las pensiones, las principales fuentes de entrada de dinero y consecuente subsistencia de cada uno. Y esto es lo que reclaman trabajadores y sindicatos al Ministerio de Trabajo y al de Economía.
La vinculación al IPC, el punto de discordia para la subida de salarios
La mesa de negociación con la patronal y la representación gubernamental para alcanzar un acuerdo sobre un futuro pacto de rentas en línea con la inflación se retomará este mes de septiembre, concretamente el próximo 2 de septiembre. En la última reunión, celebrada en la primavera, hubo cara y cruz. Así lo ha confirmado hoy, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en los pasillos del Congreso al dejar la puerta abierta a que se vaya a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Por un lado, todos se mostraban partidarios de abordar un incremento progresivo de los sueldos de un 8% repartido en tres años (3,5% en 2022, 2,5% en 2023 y 2% en 2024). Pero la patronal no aceptó el incluir una cláusula de revisión salarial vinculada al Índice de Precios de Consumo (IPC) en los convenios colectivos. Es decir, que se asegurara que los sueldos subirían lo mismo que el IPC.
Tampoco hubo consenso en la reunión con Nadia Calviño celebrada hace menos de meses, en julio. En la misma, se citaron para septiembre, con la amenaza de los sindicatos de retirarse de la negociación si en octubre no había acuerdo.
Los sindicatos amenazan con movilizaciones para este otoño
“Los sindicatos estamos determinados a que los salarios crezcan por encima de la inflación. Estamos pendientes de que la patronal esté de acuerdo en sentarse. Se levantaron de la mesa y tienen que volver. Queremos evitar a este país una ola de huelgas, algo totalmente innecesario para llegar a un acuerdo justo para las personas”, ha dicho Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
? Hablamos en directo con @SG_UGT: "Nosotros no vamos a permitir que los salarios no mantengan el poder adquisitivo, es bastante fácil de entender". ▶ #PreciosCrisisARV
— AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) August 22, 2022
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“Si no hay cambio de posición por parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), habrá movilizaciones en otoño”, concretó Álvarez. A la espera de la respuesta de la patronal de empresas tras estas declaraciones, CEOE se alineó con las posturas de los expertos económicos, que recomendaban no aumentar ni precios ni salarios para evitar una espiral inflacionista.
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