Actualmente, las empresas con más de 500 trabajadores deben contar con un servicio de prevención propio. Este servicio, según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, consiste en el “conjunto de medios humanos y materiales de la empresa necesarios para la realización de las actividades de prevención, y por servicio de prevención ajeno el prestado por una entidad especializada que concierte con la empresa la realización de actividades de prevención, el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos o ambas actuaciones conjuntamente”.
Sin embargo, esta obligación podría cambiar, ampliándose a más empresas. Es lo que aseguró la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una intervención en el Senado el pasado martes, donde expresó que en la reforma de Ley de Prevención Laboral que están negociando con los agentes sociales se cambiará la ratio de exigencia a partir de la que una empresa debe contar con servicios propios de prevención.
Además, aseguró que todas las empresas van a tener que contar con un delegado de prevención, aunque se compongan de un solo trabajador. En la actualidad, la mencionada Ley 31/1995 solo lo exige a las empresas con 6 o más trabajadores. Asimismo, la norma contempla que, a mayor número de empleados, más delegados se deberá de contar. Así, por ejemplo, aquellas con entre 50 y 100 trabajadores, deberán contar con dos, aquellas con entre 101 y 500 con tres… Y así hasta las compañías de 4.001 en adelante, que deberán contar con un mínimo de 8 delegados.
La privatización de los servicios de prevención “no es eficaz”
Estos cambios los presentó Yolanda Díaz en una respuesta a la cuestión de la senadora de EH Bildu Idurre Bideguren, quien le preguntó acerca de las medidas que contempla el Gobierno para mejorar los sistemas de prevención en las empresas, especialmente en las más pequeñas. Esta, denunció que en España solo el 10% de la evaluación de riesgos la realiza su plantilla, ya que la mayoría de empresas tienen contratado un servicio externo para ello, mientras que en Europa la media está en el 90%.
“Las empresas pequeñas tienen dificultades para hacer una buena gestión de la seguridad y de la salud en el trabajo, entre otras cosas, por la falta de personal específico y por las limitaciones económicas. Por ello, consideramos que la Administración Pública debería tener otro papel para facilitar la integración de la prevención de riesgos laborales en los sistemas de gestión de las empresas, sobre todo en las empresas pequeñas, porque el 60% de los accidentes graves y mortales ocurren en empresas de menos de 25 trabajadores”, señaló la senadora de EH Bildu.
En respuesta, Díaz reconoció que la privatización de los servicios de prevención “no es eficaz”, reiterando que se encuentran negociando “una reforma en profundidad” de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Sobre esta, aseguró que esta mesa de diálogo es “la más importante de nuestro país”, señalando que “desde luego” van a cambiar las ratios que establecen la obligatoriedad de contar con servicios propios y que, gracias a ella, deberá haber un delegado de prevención en todas las empresas aunque solo tengan un trabajador. “Vamos a hacer que estos datos no puedan volver a pasar en España. Nadie puede morir en el puesto de trabajo en el siglo XXI”, concluyó.
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