A la hora de ampliar una casa cada vez son más más personas las que optan por poner una casa prefabricada en el jardin o parcela. Esta viviendas proporcionan en poco tiempo un espacio extra que revalorizar la vivienda, pero hay que tener en cuenta que su intalación puede conllevar problemas. Y es lo que le ha pasado a una pareja británica que se enfrenta a la demolición de su casa prefabricada de 93.000 euros después de que el Ayuntamiento determinara que fue construida unos metros más allá del lugar autorizado.
En el años 2019 la pareja solicitó al Ayuntamiento de la localidad un permiso para contruir un anexo en su vivienda en Gillingham (Kent) destinado a un joven discapacitado al que cuidan. Durante las obras, segun informan desde el medio británico The Sun los técnicos les indicaron que la estructura debía desplazarse 10 metros para facilitar el acceso de los bomberos desde la carretera.
La pareja siguiendo el consejo técnico continúo con la instalación de que convencida de que cumplía con la normativa. Sin embargo, en febrero de 2024 recibieron una orden de ejecución del Ayuntamiento en la que se señalaba que la casa prefabricada estaba mal ubicada y que debía ser trasladada o demolida.
El ayuntamiento exige cambios o la demolición del anexo
Tras recurrir la decisión sin éxito, la pareja se enfrenta ahora a un nuevo problema o paga unas 40.000 libras (unos 46.000 euros) para rediseñar la construcción o deberá derribarla por completo. “Estamos absolutamente devastados, para ser honesta, por todo el estrés que esto supone”, lamentó la mujer mientras criticaba la falta de coordinación entre los distintos departamentos municipales.
Según explicó, cuando trasladaron la casa prefabricada lo hicieron siguiendo las indicaciones de los técnicos y pensaron que no hacía falta que pidieran nuevos permisos urbanísticos. En las revisiones a la obra en ningun momento se les aviso de que el cambio de ubicación requiriese de una nueva licencia, ya que asegura que, de haberlo sabía, lo habrían solicitado para evitar problemas.
Además, intentaron buscar soluciones alternativas una vez detectado el problema, como modificar la estructura o reducir su tamaño. De hecho, presentaron una solicitud de planificación retroactiva con un diseño adaptado, que fue aprobada en 2022. Sin embargo, dos años después, el ayuntamiento consideró que no se habían realizado las modificaciones necesarias para corregir el impacto del anexo y emitió la orden definitiva.
Por su parte, el Ayuntamiento defiende su actuación. En un comunicado, un portavoz señaló que la notificación se emitió porque las modificaciones aprobadas “no se llevaron a cabo” y que la Inspección de Urbanismo revisó el caso y falló a favor de la administración.