Alquilar o comprar una vivienda cada vez es más caro, no sólo en España sino que se extiende al resto de Europa. La crisis vivida por el encarecimiento del ladrillo ha llegado a la Unión Europea que ha pedido a los Estados miembros que combatan los desahucios y apliquen medidas que coloquen la vivienda como un derecho fundamental.
El aumento de precios de la vivienda y la falta de opciones social y asequible están desencadenando una “crisis de vivienda” en la UE, ha señalado la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) en el informe anual que acaban de presentar bajo el título ‘Housing, labour exploitation and threats online: fundamental rights challenges in 2025’ (se puede leer completo en este enlace).
En el estudio se recalca que el precio de la vivienda se ha disparado un 53,4% y el del alquiler un 17% entre los años 2015 a 2024 y señala que no hay datos comparables entre los 27 países miembros de la UE que hagan referencia a las personas sin hogar pero que esta situación “ha aumentado”.
Entre estos datos que se han presentado por parte de la FRA se apunta a que hay 1,3 millones de personas en 2025 que viven en la calle y 400.000 menores de edad sin techo o que acuden a albergues y alojamientos temporales.
Los colectivos vulnerables siguen desprotegidos
Desde la Unión Europea se insta a poner freno a las conductas que hacen que suba el precio de la vivienda, y a tener en cuenta a los colectivos especialmente entre los que coloca a quienes tienen bajos ingresos, están en riesgo de exclusión social y a los jóvenes.
“Enfrentan dificultades que socavan su acceso al derecho básico de una vivienda adecuada muchos siguen desprotegidos ante el desahucio y el sinhogarismo”, ha asegurado la directora de la FRA, Sirpa Rautio durante la presentación de este informe.
Se ha clasificado el sinhogarismo en seis categorías que van desde los que viven en la calle a quienes se han visto obligados a regresar a casa de sus padres, familiares y amigos de manera temporal porque no tienen recursos. Y aquí es donde entra la falta de trabajo, o los ingresos muy bajos y en condiciones irregulares.
La Carta Europea de Derechos Humanos para buscar justicia social
La FRA señala que aunque las competencias en materia de vivienda dependen de los Estados miembros, la norma comunitaria incluye ciertas obligaciones, algunas de ellas contenidas en la Carta Europea de Derechos Humanos. Recuerda que los 27 han firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales donde la vivienda es uno de los componentes del “derecho a una adecuada calidad de vida”.
En este contexto, recuerda el organismo que se prohíben los desalojos forzosos, incluso en los casos en que el inquilino o propietario no haya pagado alquiler ni hipoteca. Esto cobra fuerza cuando se tienen en cuenta los datos de la Agencia en los que se afirma que el 66% de los residentes en la UE son propietarios de su vivienda.
En el otro lado, están los jóvenes que siendo los más vulnerables, encuentran problemas para irse de casa de sus padres, muchos de ellos afectados por un posible desahucio o sinhogarismo.
Muchos países siguen sin tener en cuenta planes para terminar con los desahucios y ayudar a quienes los están sufriendo. En España, por el contrario, sí se ha reforzado la salvaguarda contra estas actuaciones en el año 2025. La situación de vulnerabilidad de los inquilinos puede llevar a la suspensión del desalojo.
Políticas de Estado para una vivienda asequible y accesible
La intención, aseguran desde la FRA, es que los Estados apliquen políticas de vivienda que sean accesibles y asequibles. Se mencionan algunas como la regulación de los alquileres, aumentar la oferta de vivienda pública, con promociones de financiación por el Estado, gestionar el parque de viviendas vacías y las de alquiler turístico y de corta duración.
Además hay que aplicarlas con atención a los colectivos compuestos por mujeres, los jóvenes, personas con discapacidad y minorías étnicas. En Austria, Bélgica o Países Bajos, entre otros, se permite a los inquilinos pedir un reembolso si se considera que se ha pagado más que el precio máximo de un piso en función de su ubicación o de su tamaño.
Referente al alquiler turístico, la FRA señala que las reservas de este tipo en plataformas como Booking o Airbnb en el verano de 2025 han subido un 28% si se compara con datos de 2023.