El pasado mes de junio, el Gobierno aprobó la nueva normativa para regular la jubilación parcial del personal laboral fijo de la Administración General del Estado (AGE). Gracias a ella, aquellos que estén trabajando como personal laboral fijo a jornada completa, con 6 años de antigüedad en la Administración y 33 años cotizados, podrán acceder a la jubilación parcial, pudiendo solicitarla hasta 3 años antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación.
Además, se aprobó la contratación temporal de relevistas, debido a que, anteriormente, se exigía que el relevista fuera indefinido y a tiempo completo, una fórmula en la práctica incompatible con la aplicación de este derecho en la Administración, tal y como denunciaba CSIF.
No obstante, esta norma debe convalidarse en el Congreso de los Diputados (la votación está prevista para el 23 de julio), y Podemos ya ha adelantado que solo apoyarán el decreto si el Gobierno convierte en fijos a casi un millón de interinos.
Podemos condiciona su voto a la fijeza de los interinos
Podemos ha condicionado su apoyo al decreto de la jubilación parcial en la AGE a la fijeza de los interinos. En concreto, según ha podido saber Europa Press, ha pedido al Gobierno que deseche el texto que se votará en el Congreso y redacte uno nuevo para reconocer la fijeza a cientos de miles de trabajadores de la administración pública que están “en una situación de fraude de ley y abuso de temporalidad”.
Según las mismas fuentes, esta medida (que surge a raíz de las sentencia del TJUE, la última en abril), podría beneficiar a cerca de 900.000 personas. “Miles de trabajadores públicos son cesados cada semana, a pesar de que tienen derecho a ver reconocida la fijeza en su puesto de trabajo. Es una situación inaceptable que el Gobierno debe abordar inmediatamente”, habrían indicado.
Asimismo, han manifestado que, precisamente, la Ley de Función Pública está bloqueada en el trámite parlamentario “por no querer afrontar esta cuestión”. Y han criticado que España se arriesgue a sanciones económicas de la UE por este problema con la temporalidad.
En este sentido, cabe recordar que, a finales de junio, el Gobierno pidió más tiempo a la Comisión Europea para poder impulsar las reformas necesarias que eliminen el abuso en la contratación de temporales en el sector público. El plazo para cumplir con este compromiso finalizó el pasado 29 de junio y solicitaron ampliarlo hasta marzo de 2027.