España llegará al 29 de junio sin haber corregido el abuso de la temporalidad en el sector público. Superará así el plazo que le concedió la Comisión Europea, lo que pone en riesgo más de 625 millones de euros de fondos europeos. Así lo han advertido desde el despacho de abogados Araúz de Robles, quienes exponen que “la falta de una respuesta eficaz por parte del Gobierno no solo mantiene en precariedad a casi un millón de empleados públicos temporales”, sino que también ha provocado miles de ceses derivados de “unos procesos de estabilización que han estabilizado plazas, pero no a las personas que las venían ocupando durante años”.
Atendiendo a la última Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025, el sector público en España cuenta con una plantilla total de 3.107.195 trabajadores, de los que prácticamente un millón (999.738) son empleados públicos temporales. Estos datos sitúan la tasa de temporalidad actual en las Administraciones Públicas en un 32,2%, cuadruplicando el límite máximo del 8% que el Gobierno se había comprometido a alcanzar con la Unión Europea.
Además, desde Araúz de Robles apuntan que los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021 pudieron dejar sin empleo a entre 67.000 y 90.000 empleados públicos temporales, sin contar los ceses vinculados a ofertas de estabilización anteriores (todo esto según sus estimaciones elaboradas a partir de datos oficiales y sindicales).
Al respecto, han manifestado que el Gobierno no ha publicado un registro oficial de interinos cesados por estos procesos, lo que impide conocer con precisión el alcance real de las personas afectadas.
El problema de fondo: se estabilizan plazas, no personas
Así lo creen desde el despacho de abogados: “los procesos impulsados para reducir la temporalidad pública han estabilizado plazas, pero no han garantizado la continuidad de los empleados públicos que las ocupaban desde hacía años o incluso décadas. Esto ha permitido que trabajadores temporales con largas trayectorias en la Administración fueran cesados al perder sus puestos en procesos abiertos a otros aspirantes”, han expuesto en un comunicado.
A esto se suma que parte de los ceses más antiguos quedaron fuera del régimen indemnizatorio previsto por la Ley 20/2021, al proceder de convocatorias anteriores. Según Araúz de Robles, esto ha dejado a muchos afectados sin una compensación equivalente al daño sufrido, pese a haber encadenado relaciones temporales durante largos periodos para cubrir necesidades estructurales de la Administración.
España incumple con Bruselas: más de 625 millones en juego
España se comprometió ante Bruselas, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8% antes del 31 de diciembre de 2024. Más de un año después de ese plazo, según el despacho, la tasa continúa en el 32,2%, lo que evidencia “la insuficiencia de las reformas aprobadas hasta la fecha”.
En esta líneas, avisan de que estas cifras demuestran que el problema no se ha resuelto y se ha mantenido como una práctica estructural dentro de las Administraciones Públicas: “el sistema ha permitido cesar a miles de empleados temporales sin corregir el origen del abuso, ya que las Administraciones han seguido recurriendo a la temporalidad para cubrir necesidades permanentes”.
Esta “inacción” por parte del Gobierno tiene también una consecuencia económica directa y es que puede derivar en la pérdida de más de 625 millones de euros de fondos europeos. Si para el 29 de junio, como se espera, España no adopta “una respuesta eficaz y conforme al Derecho de la Unión Europea”, se expone a una nueva demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, además de “a un mayor deterioro de su posición frente a las instituciones comunitarias”.
Sobre esto, Araúz de Robles recuerda que el TJUE ya ha cuestionado la suficiencia de las medidas adoptadas por España para sancionar el abuso de temporalidad en el empleo público. Por ello, considera que el Ejecutivo “no puede limitarse a aprobar soluciones formales o parciales, sino que debe adoptar medidas reales que reparen el abuso cometido y garanticen la estabilidad de los empleados públicos temporales afectados”.
La conversión a fijos, la solución
Para el despacho de abogados, la solución sería la transformación en fijos de los empleados públicos víctimas de abuso. “El Gobierno que dice ser el más social de la historia debe decidir si quiere cumplir con Europa o seguir acumulando reproches del TJUE. Si quiere combatir la precariedad laboral o administrarla. Si quiere proteger a sus trabajadores públicos o seguir tratándolos como trabajadores de segunda. Acabar con esta lacra no es una opción política, sino una obligación jurídica, social, moral y democrática”, señala Javier Araúz.
Desde el despacho indican que el vencimiento del plazo constituye “una oportunidad decisiva para corregir una anomalía que afecta a casi un millón de empleados públicos y que ya ha provocado miles de ceses”. De no hacerlo, consideran que “España no solo mantendrá la precariedad de una tercera parte de su plantilla pública, sino que expondrá al país a la pérdida de fondos europeos y a una nueva intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
Las resoluciones del TJUE contra España por el abuso de los interinos
Hay que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado varias veces contra España por este abuso de la temporalidad en las administraciones públicas. La última vez en su sentencia de abril de esta año, en la que dictaminó que las medidas adoptadas por España para frenar el abuso de la temporalidad pública, como la figura del trabajador “indefinido no fijo” o los procesos de estabilización de la Ley 20/2021, incumplen el Derecho de la Unión porque no garantizan la estabilidad y mantienen la precariedad laboral.
El fallo también señaló que las indemnizaciones por cese son insuficientes y que España carece de un sistema de responsabilidad que sancione de forma disuasoria a las Administraciones. Ante esta falta de mecanismos efectivos, el tribunal europeo abrió la puerta a que la conversión de más de 800.000 interinos en trabajadores fijos podría ser la única solución viable para sancionar el abuso, aclarando que los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad no pueden servir como excusa para evitar dicha penalización.
No lo vio del todo así el Tribunal Supremo, que el pasado mes de mayo fijó criterio y estableció que los empleados públicos no pueden adquirir automáticamente la condición de fijos únicamente por haber sufrido abuso en su temporalidad, ya que esto vulneraría los citados principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
No obstante, el Alto Tribunal fijó una excepción: sí procede reconocer la condición de fijo a aquellos trabajadores que superaron previamente un proceso selectivo para una plaza fija, pero no la obtuvieron por falta de vacantes, y que posteriormente fueron víctimas de contrataciones temporales abusivas. Además, el Supremo determinó que se deben aplicar indemnizaciones acordes a los criterios europeos y remitir los casos a la Inspección de Trabajo para que inicie procedimientos sancionadores contra las Administraciones infractoras.