El Ministerio de Trabajo se encuentra en plenas negociaciones para transponer la Directiva (UE) 2023/970 de transparencia salarial. Una norma a la que llega tarde, pues tenía de plazo hasta el 7 de junio para adaptarla, y que tiene como objetivo reforzar el principio de igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Para los sindicatos, este objetivo parece estar lejos de cumplirse, rechazando la primera propuesta ofrecida por el departamento de Yolanda Díaz.
Este pasado miércoles, 15 de julio, Trabajo se reunió por segunda vez con los agentes sociales para seguir avanzando en esta materia, debiendo estos dar su ‘feedback’ al primer borrador, en forma de Real Decreto, que presentó el Ejecutivo en la pasada reunión. Tal como ha podido saber ‘El País’, CCOO y UGT han sido muy críticos con este borrador, asegurando que se queda corto frente a todo lo que impone la directiva europea.
De hecho, rechazan hasta la fórmula que ha elegido Trabajo para transponerla precisamente por este motivo. Los sindicatos piden que la transposición de la directiva se realice mediante una norma con rango de ley, considerando que hay aspectos que así lo requieren, mientras que el Gobierno había optado por llevarla mediante Real Decreto, con el fin de poder aprobarla en Consejo de Ministros y no tener que convalidar la norma en el Congreso, donde no tienen mayoría parlamentaria.
Las “lagunas” de Trabajo que critican los sindicatos
Como se adelantaba, uno de los problemas del primer borrador, para CCOO y UGT, es que el ministerio de Yolanda Díaz obvia los elementos que requieren rango de ley. Por esta razón, según las declaraciones recogidas por el citado medio, la transposición completa de la norma “se relega a un tiempo futuro, incierto e indeterminado, la transposición completa de la directiva”.
Este punto, para los sindicatos, es especialmente crítico atendiendo a que España ha tenido tres años para transponer la directiva. Entrando en esos elementos que no toca la propuesta, denuncian que Trabajo solo ha desarrollado la normativa para los trabajadores asalariados, mientras que la directiva también incluye a los empleados públicos.
En la misma línea, las organizaciones sindicales explican que la directiva reconoce el derecho de los candidatos a conocer el salario inicial o la banda salarial antes de que comience el proceso de selección, de forma que puedan tener mayor poder de negociación e información. También prohíbe que las empresas o empleadores puedan preguntar a los candidatos por su historial retributivo en empleos anteriores o actuales.
Sin embargo, en la primera propuesta de Trabajo se ignoran todas estas cuestiones. “La ausencia de regulación sobre la fase precontractual se trata de una laguna total, no de una insuficiencia parcial, que debilita notablemente la transposición de la directiva”, habrían manifestado ambos sindicatos.
Para estos, según ‘El Periódico’, también es importante detallar a qué multas se exponen las empresas que no cumplan con la nueva normativa u oculten información a sus empleados. Un desglose por el que se debería de modificar la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).
Trabajo se compromete a rehacer el texto
Trabajo ha prometido elaborar una nueva propuesta para conseguir el apoyo de los sindicatos, si bien no ha detallado en qué consistirían dichos cambios. La próxima reunión, donde se verá si el departamento de Yolanda Díaz ha conseguido acercar posturas (al menos con CCOO y UGT, ya que con las patronales se prevé imposible), será el lunes 27 de julio.