Tener reconocido un derecho para utilizar agua en una explotación agrícola no significa que pueda usarse libremente en cualquier terreno de la finca, ya que la autorización puede establecer también sobre qué parcelas puede aplicarse. Y es justo lo que le ha ocurrido a un agricultor de 85 años en Estados Unidos, que ha terminado acumulando multas de 121.000 dólares (unos 103.564 euros) por regar una parte de su propiedad que la Administración consideraba que no estaba incluida en sus derechos de agua.
Según la información recogida por AgWeb, la familia del agricultor llevaba décadas trabajando estas tierras y sus primeros derechos de agua para el regadío comenzaron en 1949. El problema surge porque la finca está dividida por una carretera y, aunque durante años usaron ese agua de riego para los terrenos de ambos lados, la autorización solo era para una de ellas.
En 2019, cuando el Departamento de Ecología de Washington le comunicó que estaba regando terrenos para los que no tenía autorización. El agricultor defendía que no estaba utilizando más agua de la que tenía reconocida, sino repartiéndola entre diferentes parcelas, algo que su familia llevaba haciendo durante décadas; sin embargo, la administración sostuvo que una parte del terreno estaba siendo regado sin los permisos oportunos y que el problema se mantuvo pese a las advertencias recibidas.
Intentó ampliar los permisos para usar el agua en todos los terrenos
Tras recibir el aviso, el agricultor intentó ampliar los permisos para usar el agua en el resto de los terrenos, y se le concedió en 2022 extender el riego a 100 acres manteniendo el mismo volumen, pero posteriormente el Departamento de Ecología no dio por válida esa modificación.
En junio de 2023, la Administración dictó una orden para que dejara de regar esos terrenos, pero como lo siguió haciendo, lo multaron en 2024 con 6.000 dólares (unos 5.135 euros) y posteriormente con 15.000 (unos 12.839 euros). Al año siguiente llegó una nueva sanción de 100.000 dólares (unos 85.590 euros) por continuar regando los 69 acres que no estaban autorizados.
Como las sanciones anteriores no fueron pagadas, se emitió también un gravamen sobre la finca, lo que permite garantizar el cobro de la deuda con la propia propiedad.
El agricultor se niega a dejar de regar
Para el agricultor, el problema está en que no se le está sancionando por apropiarse de agua que no le corresponde, sino por utilizarla en el lado de la carretera que no aparece autorizado en sus derechos, algo que considera incomprensible después de que su familia llevara décadas regando esos terrenos.
Desde el Departamento de Ecología, explican que utilizar agua en una parcela sin autorización perjudica a otros usuarios que sí tienen derechos reconocidos y puede afectar a una cuenca con problemas de disponibilidad de agua.
Pese a las multas y al gravamen sobre la propiedad, el agricultor ha asegurado que no piensa dejar de trabajar sus tierras. De hecho, meses después seguía defendiendo que volvería a plantar y regaría la finca de la misma forma que lo había hecho hasta entonces.
