La Audiencia Provincial de Tarragona ha condenado a una mujer que usó durante años certificados falsos de incapacidad permanente absoluta de la Seguridad Social para conseguir créditos bancarios, tarjetas financieras y préstamos al consumo mediante documentación que había manipulado previamente y maniobras de suplantación de identidad.
La sentencia de enero de 2025 (SAP T 468/2025) ha considerado probado que la acusada actuó desde Tarragona usando equipos informáticos y documentos falsificados previamente para abrir cuentas corrientes, pedir financiación y conseguir dinero en diferentes entidades financieras como Carrefour, Cetelem o American Express.
Como indica la resolución judicial, la mujer modificó documentos nacionales de identidad (DNI), nóminas y certificados oficiales relacionados con pensiones por incapacidad permanente absoluta para aparentar solvencia económica ante los bancos.
Uno de ellos, enviado al Banco Cetelem, ratifica que se trataba de “certificados de incapacidad permanente absoluta de la Seguridad Social reconociendo el pago de pensiones que no se correspondían a la realidad”.
Gracias a esta documentación falta consiguió que se concedieran tres préstamos por importes de 20.000, 24.000 y 24.000 euros que no devolvió nunca, y que ocasionó una pérdida de 83.132,14 euros a Banco Cetelem.
Identidades falsas para conseguir miles de euros que luego gastó
La Justicia ha considerado acreditado además que la acusada empleó identidades falsas o manipuladas para conseguir tarjetas de American Express, con las que realizó gastos por miles de euros. Entre estas operaciones han aparecido cargos de 5.540 euros, 7.911,10 euros, 14.169,60 euros, 1.426,13 euros o 9.541,39 euros, entre otros.
Se encontraron operaciones fraudulentas con la financiera de Carrefour y compras con la tarjeta Pass Visa que consiguió con esta documentación falsa. La Fiscalía apuntó que el perjuicio causado a Servicios Financieros Carrefour EFC era de 237.586,94 euros y a American Express, de 49.340,20 euros.
En total, el Ministerio Fiscal ha reclamado a la mujer 370.058.98 euros que deberá pagar a las entidades afectadas.
Los certificados eran copia de los de la Seguridad Social
La Seguridad Social no aparece como afectada directamente en el procedimiento pero sí jugó un papel esencial. Los certificados falsificados simulaban el reconocimiento de pensiones por incapacidad permanente absoluta, que reconoce este organismo, por lo que la mujer presentaba estos papeles como aval de que tenía ingresos fijos.
La sentencia explica que esta documentación se empleaba junto a DNI manipulados, nóminas falsas y otros documentos para conseguir avalar la solvencia de los bancos y las empresas de crédito.
Un proceso que dura más de 20 años
La causa se abrió en 2006 tras una investigación policial que estaba relacionada con determinadas operaciones sospechosas que habían remitido las entidades financieras. El juicio no fue hasta 2022 y 2024, esto es, cerca de veinte años después.
Durante todo el proceso, la defensa señaló que la mujer actuaba coaccionada por su marido (ya fallecido) e intentó acreditar vulnerabilidad psicológica de la acusada. Pero el tribunal rechazó la absolución manteniendo la responsabilidad penal.