El acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas para los jóvenes en España. Sin embargo, esta situación ya no solo se reduce a las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona; ahora la subida de los alquileres, la escasez de oferta y las exigencias cada vez mayores de algunos propietarios también se han dejado ver en ciudades como Vitoria-Gasteiz.
Es el caso de Siria, una joven de 29 años de origen marroquí que, aún teniendo trabajo, unos ingresos estables y la capacidad para hacer frente a un alquiler, ha denunciado públicamente las dificultades que encuentra para acceder a una vivienda de alquiler en la ciudad vasca.
Su testimonio, difundido a través de un vídeo en su cuenta de TikTok (@siriabouker), ha reabierto el debate sobre las dificultades de acceso a la vivienda y sobre los posibles casos de discriminación que afectan a determinadas personas en el mercado inmobiliario.
700 euros por una habitación
Actualmente, la joven reside junto a su pareja en una habitación por la que paga 700 euros mensuales en un piso compartido situado en el entorno de Alesarra, entre Parque Norte y el Casco Viejo de la capital alavesa. En la casa conviven otras cuatro parejas y, según explica, el salón ha sido transformado en un dormitorio adicional, lo que ha eliminado los espacios comunes que había en un principio.
“Vives como una rata sin nada, te levantas a la mañana y no puedes irte al salón a tomarte el colacao.”
Además, cuenta que el alquiler comenzó siendo de 650 euros mensuales, pero aumentó hasta los 700 euros una vez que todas las habitaciones fueron ocupadas y el propietario decidió destinar el salón a un nuevo alquiler. “No es lo mismo vivir en un piso compartido con salón que sin salón”, asegura Siria.
El origen y la maternidad como barreras para alquilar una vivienda
Pero, más allá del coste económico, la joven considera que lo que más le cuesta a la hora de encontrar una vivienda es su origen. “No puedo acceder a la vivienda porque para los propietarios soy una extranjera”, lamenta, señalando que en algunas ocasiones, los propietarios cambiaron el tono de la conversación cuando conocieron su nombre o su procedencia. De hecho, recuerda que una vez le hicieron una pregunta sobre si cocinaba comida marroquí, argumentando que los vecinos podían mostrarse sensibles a determinados olores.
“Me parece injusto vivir así por 700 euros cuando puedo costearme un alquiler.”
A esto se suma, según denuncia, el hecho de tener una hija. Siria asegura que estuvo a punto de formalizar el alquiler de un piso por 900 euros mensuales, e incluso llegó a realizar una transferencia económica. Sin embargo, afirma que la propietaria canceló la operación cuando supo que tenía una menor a su cargo. “Parece ser que decir que tienes hijos es como decir que tienes ocho perros de raza peligrosa”, lamenta.
La joven describe una situación que considera paradójica desde el punto de vista administrativo. “Para los propietarios soy extranjera, pero para el Gobierno soy española”, resume. Una situación que dificulta el acceso a determinadas ayudas o recursos públicos destinados a personas en situación de vulnerabilidad, a lo que también asegura haber encontrado obstáculos para acceder a los servicios sociales y sentirse “completamente abandonada por las instituciones”.
“Las viviendas de los pisos están destinados únicamente a gente de aquí y las habitaciones están destinadas para extranjeros.”
Además, su situación actual se ha visto agravada por el incumplimiento de algunas condiciones pactadas en el contrato de alquiler. Siria sostiene que el acuerdo incluía dos limpiezas mensuales y el uso compartido del salón, compromisos que, según explica, no se han respetado. Y, tras reclamar estas condiciones por correo electrónico, asegura haber recibido como respuesta una invitación a abandonar la vivienda si no estaba conforme.