El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado en un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y dependencia que ha tenido lugar en la sede del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), la mayor convocatoria de la historia en ayudas para la dependencia. Se trata de una inversión por parte del Ejecutivo de 2.218 millones de euros extra que irá en forma de Real Decreto Ley.
“El Consejo de Ministros va a aprobar un real decreto ley con la mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática. Estamos hablando de 2.218 millones de euros extra para cuidar más y mejor a quienes más lo necesitan”.
Con esta inversión, “casi se multiplica por cinco” la financiación estatal desde que llegase a la presidencia del Gobierno y de este modo “se cumplirá con uno de los grandes compromisos de la legislatura”, el de que “la Administración General del Estado financie el 50% del sistema de dependencia elevando la aportación hasta superar los 7.200 millones de euros en 2027”.
Cuantías para la dependencia dependiendo del grado
Dependiendo del grado de dependencia se podrá optar a una cuantía o a otra. Las correspondientes al Grado III (grdndes dependientes) suben un 128% pasando de 290 euros al mes a 660 euros al mes, las de Grado II (dependencia severa) aumentan un 100% pasando de 130 euros al mes a 260 euros y las de Grado I (dependencia moderada) suben un 18% pasando de 76 euros al mes a 90 euros.
Las Comunidades Autónomas van a tener mayores asignaciones para mejorar la atención a personas dependientes reduciendo las listas de espera, aumentando el personal y mejorando sus condiciones laborales, aumentar los servicios y ampliar los de atención a domicilio.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pablo Bustinduy ha asegurado que “es un día histórico para la política social del país, siendo la mayor ampliación de la red asistencial en décadas” apuntando a que este era uno de “los principales objetivos del Gobierno y hemos cumplido”.
Actualmente, el sistema de dependencia atiende a 1,6 millones de personas, 600.000 más que en 2020 y aunque hay lista de espera para el reconocimiento del grado de discapacidad, se ha mermado en un 51% en seis años.