Los sindicatos Jupol y Jucil han colocado la jubilación anticipada en el centro de las negociaciones abiertas con el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska, ya que las dos organizaciones han reclamado que la futura regulación garantizan la retirada digna para todos los policías nacionales y guardias civiles, sin excepciones ni diferencias derivadas del régimen de cotización.
Como informan estas organizaciones en un comunicado, se ha reabierto el diálogo tras años de bloqueo administrativo, y ha empezaron a ver la luz tras un encuentro celebrado este martes. Ha sido a consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo que desbloqueó una situación enquistada durante más de ocho años. Por contrapartida, los representantes sindicales aseguran que este avance puede quedar desvirtuado si el diseño normativo introduce nuevas brechas entre los colectivos.
Una de las medidas que centran estas protestas se centra en la edad de retiro porque se pretende una equiparación efectiva de las condiciones de jubilación. “Vamos a luchar para que todos los compañeros sin excepción tengan las mismas condiciones de acceso a la jubilación y la misma pensión, como han dicho ambas organizaciones” que han rechazado explícitamente cualquier fórmula que deje fuera a los agentes adscritos al régimen de las Clases Pasivas o a la Guardia Civil.
Piden el reconocimiento de profesiones de riesgo
La demanda está dentro de un debate más amplio sobre el reconocimiento de determinadas profesiones como actividades de riesgo, y así, Jupol y Jucil insisten en que la naturalza del trabajo policial que siempre se expone al peligro, desgaste físico y psicológico, justifica la aplicación de coeficientes reductores, que permitan adelantar la edad de jubilación en condiciones equiparables a las de la policía local y autonómica.
Los sindicatos recuerdan el acuerdo de 2018 sobre equiparación salarial, que consideran incompleto, y alertan de que entonces quedaron fuera miles de agentes, especialmente los de mayor antigüedad asegurando que “no vamos a aceptar parches ni acuerdos incompletos”, advierten, en una referencia directa a la necesidad de que la reforma actual corrija esas distorsiones estructurales.
Manifestación por las mejores condiciones salariales
Las organizaciones anuncian la continuidad de las movilizaciones iniciadas en abril, cuando miles de agentes se manifestaron para exigir mejoras laborales y una jubilación acorde con las condiciones del servicio, de este modo, la estrategia busca trasladar el conflicto al terreno político y social, en un contexto en el que el Gobierno deberá equilibrar el impacto presupuestario de cualquier reforma con la creciente demanda de equiparación dentro de las fuerzas de seguridad.
Los sindicatos sostienen que se aprecian diferencias en aspectos como las pagas extra, las horas que se trabajen de más, o pedir compensaciones por servicios de modo que se evidencia que la equiparación sigue siendo parcial. Lo que buscan es que aumente su reconocimiento profesional, la resolución avisan que marcará no sólo las condiciones de miles de agentes sino del grado de cohesión interna de los cuerpos de seguridad del Estado en los próximos años.