La Unión Europea ha ratificado el nuevo ‘Derecho a Reparar’, una directiva que obliga a los fabricantes a facilitar y abaratar los arreglos de móviles y portátiles. La norma, que entra en vigor este julio, busca que reparar el dispositivo sea siempre la primera opción antes que tener que comprar uno nuevo.
Esta ley prohíbe que las marcas bloqueen el uso de piezas de repuesto baratas y exige que los aparatos sean más fáciles de abrir. De hecho, a partir de febrero de 2027, todos los móviles deberán llevar baterías que el propio usuario pueda cambiar en casa, sin pegamentos ni herramientas complicadas.
El objetivo de Bruselas es revertir la tendencia actual donde el coste de reparación de una pantalla o batería es tan elevado que empuja al consumidor a comprar un terminal nuevo. Para evitarlo, la ley impone que las piezas originales tengan precios "razonables y no disuasorios" y obliga a las marcas a ofrecer recambios y manuales de reparación durante al menos diez años.
Premio a la reparación
Una de las medidas más contundentes es la prohibición del serial pairing o emparejamiento de piezas. Hasta ahora, muchos fabricantes programaban sus dispositivos para que dejaran de funcionar correctamente si se instalaba un componente no oficial. Con la nueva ley, esta práctica es ilegal:
- Piezas compatibles: Los fabricantes deben permitir el uso de recambios de segunda mano o de otras marcas.
- Incentivo de garantía: Los usuarios que decidan reparar su dispositivo dentro del periodo de garantía legal recibirán de forma automática una extensión de 12 meses adicionales de cobertura.
Febrero de 2027, fecha clave
Aunque la directiva ya ha entrado en vigor, el verdadero cambio llegará en febrero de 2027. En esa fecha, será obligatorio que cualquier ciudadano pueda cambiar la batería de su móvil sin necesidad de herramientas complejas.
Este rediseño busca frenar la generación de residuos electrónicos. Según datos de la ONU, el mundo genera 62 millones de toneladas de basura tecnológica al año, de las cuales España aporta un millón.
"Alargar la vida útil de nuestros teléfonos y portátiles tiene el potencial de evitar la emisión de 28 millones de toneladas de CO2 de aquí a 2040", señalan desde la organización 'Right to Repair'.
Con este marco legal, la Unión Europea da un paso decisivo hacia la economía circular, priorizando el ahorro de las familias y la urgencia climática frente a las estrategias de caducidad programada de los gigantes tecnológicos.