El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado un serio aviso al sector energético, confirmando una multa de 600.000 euros que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico impuso a Naturgy por aplicar un recargo ilegal en las facturas a los usuarios de gas licuado de petróleo (GLP) por canalización. Esta sentencia, que viene a confirmar una multa ya impuesta, llega tras una denuncia que puso FACUA-Consumidores en Acción en el año 2018. No es la primera sanción que le cae a la compañía energética por temas relacionados con facturas erróneas y denuncias de los consumidores.
Tal y como ha explicado la organización de consumidores en un comunicado, este fraude se inició hace ya más de 10 años llegando a extenderse por todo el sector energético. Las irregularidades que se han cometido se basan en haber incluido en los recibos de los clientes un concepto denominado "servicio de atención de urgencias" o SAU, convirtiéndose la prestación del propio servicio en prácticamente una imposición legal u obligatoria, algo que la normativa no permite a las compañías cobrarlo como un recargo adicional, sino que tiene que estar totalmente integrado dentro de la tarifa regulada.
Los afectados piden que les devuelvan los cobros indebidos
Para que nos hagamos una idea del volumen del negocio, Naturgy (Gas Natural Redes GLP SA) es la empresa que más dinero ingresa ilegalmente gracias a este ‘engaño’, llevándose casi 900.000 euros al año, según expresa FACUA en su comunicado. En el caso concreto de esta compañía, el recargo supone actualmente sacar del bolsillo del cliente 1,41 euros en cada recibo bimestral, contando ya con el 10% de IVA.
Entonces, tras conocerse la firmeza de la multa, FACUA ha instado a la gasística a que reembolse de forma automática a todos los afectados las cantidades que les han cobrado de forma irregular desde que pusieron en marcha el recargo. Asimismo, ha animado a los propios usuarios a dar el paso y reclamar a su compañía la devolución total del dinero, advirtiendo de que Naturgy ha seguido cargando este importe a sus clientes hasta la actualidad.
Un cobro que "carece de suficiente cobertura legal"
La sentencia del TSJM, fechada el pasado 27 de mayo, desestima por completo el recurso que había presentado la empresa. Ya que la Sala refrenda los argumentos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), dejando muy claro que verdaderamente "el servicio ligado a la operación y mantenimiento está ya incluido en la tarifa".
Asimismo, el fallo judicial señala tajantemente que "la sola referencia al necesidad de su regulación reglamentaria no permite un cobro adicional" y se apoya en un informe de la Abogacía del Estado de 2020 para recordar que las empresas suministradoras verdaderamente no pueden fijar este cobro de manera unilateral.
Por otro lado, cabe recordar que las quejas presentadas derivaron en multas a un total de nueve compañías del sector. Sin embargo, tal y como han lamentado desde la asociación, la enorme lentitud del organismo del ministerio a la hora de tramitar los expedientes permitió que tres de esas empresas se libraran de pagar, tras lograr que sus sanciones fuesen anuladas al considerarse prescritas.