Un tribunal federal de Estados Unidos ordenó este miércoles la suspensión de la mayoría de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, al considerar que excedió sus competencias al imponerlos sin la aprobación del Congreso. La decisión afecta especialmente a los gravámenes dirigidos a China, México y Canadá, y ha sido calificada de “ilegal” e “inconstitucional” por el propio fallo judicial. La Casa Blanca ya ha anunciado que presentará un recurso ya que, como aseguran, "no corresponde a jueces no electos decidir” cómo afrontar estos temas.
El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos falló a favor de una medida cautelar permanente, lo que significa que los aranceles podrían quedar congelados incluso antes de que Washington llegue a algún tipo de acuerdo con los países implicados. La orden judicial afecta a los aranceles del 30% sobre productos chinos, el 25% sobre determinados bienes de México y Canadá, y los aranceles globales del 10%.
El Tribunal considera “inconstitucional” los aranceles
Según el dictamen, “todo el sistema de aranceles del Día de la Liberación y otros aranceles de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) es ilegal y está prohibido por una orden judicial permanente”, y añade que es “inconstitucional” al haberse omitido el paso por el Congreso.
El tribunal ha otorgado un plazo de diez días naturales para que las órdenes administrativas pertinentes hagan efectiva la medida cautelar. El texto judicial subraya que la IEEPA no concede una autoridad ilimitada al presidente para imponer tarifas sin la intervención del poder legislativo.
La Casa Blanca recurrirá el fallo
La decisión se origina tras una demanda interpuesta por el centro independiente Liberty Justice Center, en nombre de cinco empresas que aseguraron haber sufrido perjuicios económicos graves como consecuencia directa de los aranceles. El panel que emitió el fallo estaba compuesto por tres jueces designados por los expresidentes Ronald Reagan, Barack Obama y el actual mandatario estadounidense durante su primer mandato.
En respuesta, la Casa Blanca ha confirmado que recurrirá el fallo. El portavoz Kush Desai justificó la política arancelaria afirmando que los déficits comerciales de EE.UU. han creado una “emergencia nacional que ha diezmado las comunidades estadounidenses”. Asimismo, añadió:
“No les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional. El presidente Trump se comprometió a priorizar a Estados Unidos, y la Administración está comprometida a utilizar todos los recursos del poder ejecutivo para abordar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense”.
Consecuencias que podría traer la paralización de aranceles
De mantenerse esta resolución en las siguientes instancias judiciales, incluidos los tribunales de apelación e incluso el Tribunal Supremo, la mayoría de los aranceles impuestos bajo la IEEPA quedarían desactivados. No obstante, los gravámenes relacionados con sectores estratégicos como automóviles, acero y aluminio, no se verían afectados por esta decisión, ya que están sujetos a una legislación distinta: la Ley de Expansión Comercial.
Este fallo representa un importante revés jurídico para la política comercial de Donald Trump, y podría reconfigurar el uso del poder ejecutivo en la imposición de medidas económicas unilaterales en el futuro.
