El sector de los cuidados es especialmente delicado. Se trabaja con personas vulnerables y dependientes y eso conlleva una gran dedicación que, en ocasiones, deriva a un profundo agotamiento tanto físico como mental. Un agotamiento al que se acoge la cuidadora Catarina Cardoso para justificar su abandono en plena noche de la anciana que cuidaba, a pesar de conocer que sufría una demencia avanzada por la que necesitaba tomar “antipsicóticos bastante severos”.
Uno de los sobrinos de la anciana asegura que llegó a estar sola hasta 24 horas, con el grave peligro que eso conlleva, ya que a menudo intenta escaparse para buscar a su marido. Un hecho por el que afirma que su familia tuvo que “apresurarse para conseguir ayuda de emergencia”, lo que le supuso gastos importantes. Así lo cuenta el medio irlandés ‘RTE’, produciéndose los hechos en Galway (Irlanda), y donde se recoge también que la cuidadora, una vez se marchó, no dio señales de vida.
Además, la familia asegura que la misma se tiró una semana sin darle la medicación. Por todo ello, decidieron no pagarle su último salario: “Una vez que se marchó, dejó de existir... Intenté llamarla, enviarle un correo electrónico y desapareció de la faz de la Tierra. Cuando nos dimos cuenta de que no había administrado la medicación a una persona vulnerable, no nos entusiasmó la idea de pagarle por algo que debería haber hecho y no hizo”, señaló Jenkins.
La cuidadora, por su parte, alega que sí se la estuvo suministrando, y que el testimonio de la anciana es confuso por “su nivel de ansiedad”, defendiendo que siempre ha sido “muy estricta con la medicación”. En este contexto, la familia le facilitó la nómina correspondiente al mes de agosto de 2024 (cuando sucedieron los hechos), pero nunca llegaron a abonársela por todas las irregularidades sufridas. Pese a las mismas, la cuidadora les denunció ante Workplace Relations Commission (WRC), amparándose en la ‘Payment of Wages Act’ de 1991, dándole la justicia recientemente la razón y obligando a la familia a pagarle los más de 1.600 euros que le corresponden por ese último sueldo.
“Sentí la necesidad de huir, me avergüenzo de ello”
Catarina, la cuidadora, afirmó que estaba “avergonzada” por haber “sentido la necesidad de huir” cuando dejó el empleo, pero explicó que sufría ansiedad cuando se quedaba sola con la anciana, hasta el punto de sufrir el llamado ‘síndrome del trabajador quemado’.
“Tenía que irme, no podía seguir haciéndolo. Tenía miedo, porque dejé a un adulto vulnerable”, confesó, añadiendo que “no obtuve la ayuda que quería y sentí que ya no podía más. Sentí la necesidad de huir, me avergüenzo de ello”.
El sobrino también la acusó de no atender ninguna de sus llamadas y mensajes, reprochándole que se borrara del mapa: “Creo que en ese momento estaba muy alterada. Agotada. No podía hacerlo más y estaba muy avergonzada”, le respondió ella. Esta también destacó ante el tribunal que llevó el caso que, unos días antes, había informado a la familia de que quería marcharse. Por su parte, el sobrino alegó que habían acordado que se quedaría hasta que encontraran a alguien.
La justicia ordena pagarle el último salario
En su alegato final, Catarina declaró que estaba insatisfecha con su propio comportamiento y que podría haber actuado de otra manera. En cuanto a la medicación, se reafirmó en que no dejó de administrarla. Tras ello, manifestó que lo único que quería es que se efectuara el pago que nunca recibió.
La familia, en respuesta, defendía que esta había roto el acuerdo, ya que se marchó sin que hubieran encontrado a otro cuidador o cuidadora, tal y como habían pactado. A pesar de ello, la juez Monica Brennan expresó que parecía que se estaban basando en las acciones de la cuidadora para retener su salario, pero que no había ninguna cláusula contractual que les permitiera hacerlo.
Tampoco había ninguna prueba de que el empleador hubiera escrito a la cuidadora con “detalles del acto u omisión” antes de efectuar la retención de su salario, como exige la ley. Por ello, falló que esta retención era ilegal y estimó la demanda de la trabajadora, obligando a la familia a pagarle 1.650,78 euros en un plazo de seis semanas.
