Por más que Estados Unidos llegara a un acuerdo con Irán y se haya reabierto el estrecho de Ormuz, el precio de los carburantes sigue siendo un problema para miles de familias españolas. Especialmente ahora que el Gobierno está quitando progresivamente el IVA bonificado de los carburantes.
Y es que no es para menos, ya que, por ejemplo, esta semana el precio de la gasolina se ha disparado hasta alcanzar los 1,518 euros por litro de media, precios que llevan a muchas personas a intentar buscar alternativas más baratas para poder llegar a fin de mes y no dejarse todo el sueldo en gasolina. Con esta situación y ante el auge del uso del gasóleo agrícola en vehículos que no lo tienen permitido como medida para ahorrar, la Dirección General de Tráfico (DGT), en colaboración con la Guardia Civil, ha puesto en marcha diversas campañas de control en las que los agentes están registrando el depósito de los coches para comprobar verdaderamente el tipo de combustible que se está utilizando.
Tal y como han advertido las propias autoridades en diferentes videos a través de sus redes sociales, el objetivo principal de este despliegue es frenar el uso fraudulento de gasóleo agrícola, también conocido popularmente como gasóleo B. Se trata de un combustible que tiene una bonificación permanente del Gobierno (que no tiene que ver con el IVA bonificado) a través del impuesto sobre hidrocarburos, de manera que el litro puede costar hasta 40 céntimos menos que el diésel convencional de las gasolineras.
Además, la Administración devuelve después unos 7 céntimos extra a los trabajadores del campo. Por lo que esta diferencia de precios se ha convertido en el principal motivante para que algunos conductores lo utilicen como su gasoil de uso diario y así consigan llenar el depósito a un euro el litro. Y es que, mecánicamente hablando, su composición es exactamente la misma que la del carburante diésel habitual.
El truco de la perilla y el delator colorante rojo
Los agentes de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil realizan las inspecciones de una forma muy rudimentaria, pero que es más efectiva de lo que podría parecer. Primero paran a los conductores y les piden que abran el depósito para después introducir un simple tubo con un elemento succionador, como una perilla manual de plástico, para extraer una pequeña muestra. Así comprueban si verdaderamente hay fraude rápidamente, ya que el Gobierno obliga a las petroleras a añadirle un tinte rojizo y diversos trazadores químicos a este diésel subvencionado para que sea muy sencillo descubrirlo a simple vista.
De hecho, este tipo de operativo se ha vuelto muy comentado recientemente gracias a un vídeo viral difundido en redes sociales como TikTok, donde se ve a los agentes navarros inspeccionando el depósito de un tractor que, al no estar realizando labores agrarias o forestales en ese preciso momento, también acabó siendo denunciado. Hay que tener mucho cuidado, ya que usar este carburante una sola vez es más que suficiente para que el intenso tinte rojo impregne las tuberías y todo el circuito del vehículo durante años. Así, aunque solo se haya repostado gasóleo B una vez, las autoridades podrían sancionar mucho tiempo después.
Multas de hasta 12.000 euros y vehículos inmovilizados
Circular con este combustible agrícola en un vehículo no autorizado o destinado a otros fines se considera verdaderamente una infracción de carácter fiscal, y no un delito de tráfico. Por lo que, aunque no implica la temida retirada de puntos del carnet de conducir, las sanciones económicas son muy severas. Aquellos conductores que sean 'cazados' haciendo trampas se enfrentan a multas que pueden oscilar entre los 600 y los 12.000 euros, todo ello en función del volumen defraudado al Estado y de si son perfiles reincidentes.
Además de lo que supone económicamente, los agentes de Tráfico pueden llegar incluso a dejar el coche inmovilizado en la carretera hasta que se vacíe el depósito por completo y se reposte de nuevo con el carburante legal que debería tener. El castigo no es solo para el que reposta con gasóleo ilegal, sino también para el que lo vende, dejando en claro que el dueño o encargado de una gasolinera se hace responsable también de repostar gasóleo que está pensado para un determinado tipo de vehículos a otros que no tienen esa condición. Todo ello, según dicen desde la propia Guardia Civil, es en pos de mantener una competencia leal con aquellas estaciones de servicio que hacen correctamente su trabajo.
