Comienza la huelga de tres días anunciada por diferentes asociaciones de jueces y fiscales españoles con la que protestan ante las reformas legislativas propuestas por el Ministerio de Justicia que preside Félix Bolaños. Una de estas plantea cambios en el modo de acceder a la carrera judicial pero también modifica el estatuto para adaptarlo a la Ley que pasará a los fiscales la instrucción de las causas penales.
Ahora bien, esta huelga afectará a la Justicia española, sí, pero siguen vigentes unos servicios mínimos que son los levantamientos de cadáveres, los juicios que afecten a personas vulnerables como son los menores, las personas con discapacidad o las víctimas de la violencia de género así como las medidas ‘cautelarísimas’ social, mercantil o contencioso administrativo.
Como informa EFE, los convocantes aseguran en un comunicado que tanto el proyecto que cambia la Ley del Poder Judicial como el anteproyecto que modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal están “comprometiendo gravemente” la separación de poderes y la autonomía de este ministerio.
Acusan al Gobierno de actuar sin tener en cuenta que esto no responde a una demanda social y que tampoco solucionará los problemas que tiene en estos momentos la Justicia sino que se va a aumentar el riesgo de que se politice.
Bolaños defiende la reforma judicial
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que “ni una línea” de la reforma judicial afecta a la independencia de los jueces y fiscales, y señala que las críticas de diferentes asociaciones son “infundadas”.
El Ministerio de Justicia, asimismo, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se pronuncie sobre la legalidad o no de esta huelga, tal como hizo en febrero de 2009, cuando resolvió que los jueves no tienen derecho a esta medida de protesta.
El Pleno del CGPJ señaló el pasado jueves que el ejercicio de la huelga por parte de jueces magistrados no tiene soporte normativo y que no procede tenerla por anunciada y tampoco fijar servicios mínimos porque no tienen competencia.
Aún así, no se espera que haya sanciones para aquellas personas que dedican sumarse al parón, porque en otras huelgas convocadas desde 2009 no se han producido estos castigos. Por su parte, la Fiscalía ha apuntado a que no tiene competencias para fijar los servicios mínimos y ha pedido que se garanticen aquellas actuaciones en las que la ausencia del fiscal pueda suponer un perjuicio para los derechos del ciudadano.
Las asociaciones defienden su derecho a huelga
Las asociaciones convocantes han decidido seguir adelante y defienden su derecho a la huelga por considerarla “una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, independencia judicial y las condiciones profesionales”.
Porque, según ellos, este es un derecho que recoge la Constitución Española ante el que no cabe interpretación alguna. Las asociaciones que convocan y respaldan esta huelga son Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Todas ellas aseguran que como establece una sentencia del TC (Tribunal Constitucional) es un derecho de titularidad individual que cada persona puede ejercer de manera autónoma, sin autorización o comunicación previa.
