Las asociaciones de jueces y fiscales han convocado una concentración frente al Tribunal Supremo para el próximo sábado 28 de junio y han anunciado una huelga de tres días, prevista para los días 1, 2 y 3 de julio, en protesta por las reformas impulsadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Exigen la retirada de los proyectos legislativos que modifican el acceso a la carrera judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal.
Las asociaciones, según el comunicado emitido recogido por EFE, consideran que las reformas presentadas por el Ministerio de Justicia, suponen un grave retroceso en términos de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal. Una de las principales críticas se centra en el cambio de modelo del proceso penal, que transfiere las funciones de instrucción de los jueces a los fiscales.
En el comunicado conjunto, las cinco asociaciones firmantes, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), advierten que la huelga se mantendrá si no se produce la retirada inmediata de las iniciativas legislativas.
Antes de la huelga habrá una concentración
Antes del paro anunciado en julio, las asociaciones han convocado una concentración institucional que tendrá lugar el sábado 28 de junio, a las 12:30 horas, ante el Tribunal Supremo, en Madrid. Será una manifestación abierta tanto a profesionales del ámbito jurídico como a la ciudadanía, y se presenta como una convocatoria ajena a cualquier motivación partidista.
Tras los tres días de huelga iniciales previstos los días 1, 2 y 3 de julio, las asociaciones evaluarán conjuntamente la respuesta institucional y el estado de tramitación parlamentaria de las reformas, con el objetivo de valorar la posible prolongación de las movilizaciones.
Según las organizaciones convocantes, las medidas cuentan con el respaldo mayoritario de sus asociados, como ya se evidenció en el paro de diez minutos realizado el pasado 11 de junio en todo el país.
Denuncian la falta de garantías y riesgo de politización
Las asociaciones de jueces y fiscales critican que el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y de la Ley 50/1981 del Estatuto del Ministerio Fiscal no responde a necesidades sociales reales y podría abrir la puerta a una mayor politización de la Justicia.
Respecto al Ministerio Fiscal, lamentan que se haya perdido una oportunidad para reforzar su autonomía funcional, al tiempo que alertan de un aumento injustificado del poder del fiscal general del Estado sin incorporar mecanismos de control internos.
