Si hace unos días conocíamos que el Partido Popular abogada eliminar automáticamente el subsidio por desempleo a quienes rechacen ofertas de trabajo adecuadas para acabar con la “cultura de la dependencia” ahora ha decidido ir un paso más allá, poniendo en el foco a los inmigrantes irregulares. Según la documento político que se debatirá este fin de semana en el XXI Congreso Nacional plantea, por un lado, eliminar las ayudas económicas no contributivas a los inmigrantes en situación irregular que solo acrediten estar empadronados.
Según recogen medios como El Mundo y El Economista, esta batería de medidas llega en plena pugna por el electorado más preocupado por la inmigración y en competencia directa con Vox. En este contexto, los populares aseguran que “la irregularidad no puede generar derechos” y que “contribuir tiene que ser condición para permanecer”. La misma lógica impregna su intención de eliminar las ayudas al desempleo a quienes rechacen ofertas de trabajo, bajo el principio (no textual, pero sí ideológico) de que sólo cobra quien aporta.
Ahora, la propuesta, elaborada por figuras clave del PP como Juanma Moreno, Mañueco, Alma Ezcurra y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, supone un giro de tuerca respecto a la postura histórica del partido, que hasta ahora mantenía cierta distancia con los postulados de la ultraderecha.
Ahora, Feijóo y Génova apuestan por romper el vínculo entre el empadronamiento y el acceso a ayudas como la Renta de Integración, bonificaciones al transporte o becas educativas para los ‘sin papeles’, endureciendo los requisitos para residir legalmente: “Condicionaremos la residencia de larga duración a la contribución efectiva al sistema de Seguridad Social, al conocimiento del idioma y de la cultura españolas”, recoge la ponencia.
Sin tocar la asistencia sanitaria
La ofensiva no es casual. El PP lleva meses denunciando el llamado “efecto llamada” provocado por el Gobierno de Sánchez y señalando al Ejecutivo como responsable de un aumento de dos millones de extranjeros desde 2018. Los populares manejan cifras, las cuales dicen que la tasa de pobreza de los extranjeros alcanza el 55% frente al 21% de los nacionales, y en provincias como Girona la mitad de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital son extranjeros. Además, insisten en que el 14% de los cotizantes a la Seguridad Social ya son inmigrantes, responsables del 41% del empleo creado.
A pesar de ello, el texto del PP esquiva lo más delicado y es, que no concreta qué ayudas quedarían fuera, ni las personas que se quedarían fuera. Solo garantiza que “en ningún caso” se dejará a los inmigrantes irregulares sin atención médica, aunque tampoco precisa los detalles. Desde el partido admiten que el documento está “abierto a enmiendas” y que la batería de modificaciones que se presentarán podría suavizar o endurecer la propuesta.
La propuesta abre un nuevo frente entre comunidades, ayuntamientos y el propio Estado, ya que la Ley de Extranjería permite actualmente que cualquier persona empadronada acceda a servicios básicos, como la atención primaria, ayudas de emergencia, comedor social o asesoría legal. Asociaciones y entidades sociales alertan de que estas ayudas no son exclusivas para extranjeros, sino que se otorgan por vulnerabilidad, y que limitar su acceso puede aumentar la exclusión social y las tensiones en barrios ya castigados.
El pulso por el control migratorio también tiene derivadas políticas. Mientras el PP acusa a Sánchez de “cronificar la pobreza” entre los extranjeros y de haber convertido el arraigo y la reagrupación familiar en una “vía opaca de regularización masiva”. Génova justifica el endurecimiento apoyándose en encuestas internas, donde señalan que el 60% de la población reclama medidas más duras y el 70% defiende la integración obligatoria.
Mientras tanto, la batalla legal y social está servida, en la que el propio PP reconoce que la mezcla de cotización, residencia y ayudas exige un encaje normativo que aún está por definir. Ayuntamientos y comunidades temen quedarse con la factura y la presión social, mientras Vox presiona por un cierre total y el PSOE denuncia un giro peligrosamente xenófobo.
En definitiva, que podemos decir que la propuesta popular se convierte en el arma arrojadiza estrella de su congreso, pero que la misma puede volverse en su contra, ya que no dice ni explica a cuántos afecta, ni explica cómo garantizará que los más vulnerables no queden al margen. El debate, lejos de zanjarse, acaba de empezar.
