El Ministerio de Función Pública iniciará en junio las negociaciones para la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente a 2025, después de admitir que la plantilla de empleados públicos ha descendido en 20.046 personas en la última década. Así lo ha trasladado este lunes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha urgido al Ejecutivo a reforzar el empleo público de forma estructural.
Desde CSIF han explicado que el Gobierno ya está en fase de consulta con las diferentes organizaciones para analizar las necesidades de personal antes de sentarse a negociar. Aunque por el momento no se ha concretado el número de plazas que se incluirán en la OEP, desde la Administración han asegurado que este año “se mantendrá la tendencia positiva” en las convocatorias.
No obstante, el sindicato advierte de que no se puede seguir cubriendo solo las jubilaciones del año anterior. “La Oferta de Empleo Público no puede limitarse a suplir a los trabajadores que se jubilan, debe abordar el déficit estructural de la Administración”, han reclamado.
Según datos del propio Ministerio, en 2024 se incorporaron 18.747 nuevos trabajadores frente a 9.802 salidas. La edad media ha bajado de 51 a 49 años, y el 42% del personal tiene menos de 50 años, con uno de cada cuatro por debajo de los 40.
La tasa de reposición se mantiene pese a la promesa de eliminarla
Uno de los aspectos más criticados por CSIF es la continuidad de la tasa de reposición, que limita las incorporaciones en función de las bajas del año anterior. “Con la tasa de reposición no podremos redimensionar las plantillas y seguiremos dando un insuficiente servicio a los ciudadanos”, ha lamentado el presidente del sector de Administración General del Estado de CSIF, Carlos Martínez.
Además, el sindicato ha recordado que el 21% de la plantilla tiene más de 60 años, lo que equivale a unas 50.900 personas cercanas a la jubilación. Una situación que podría tensar aún más los servicios públicos si no se refuerzan las plantillas.
Durante su comparecencia, CSIF también ha avanzado que el Ministerio de Función Pública está desarrollando un nuevo modelo organizativo para la Administración, con el objetivo de agrupar a los empleados en “áreas funcionales” como acción exterior, normativa, comunicación, contratación, recursos humanos, justicia o migraciones.
Según ha explicado el sindicato, esta clasificación permitirá diseñar un plan de recursos humanos adaptado a las necesidades reales, facilitar la elaboración de la OEP, la formación y la relación de puestos de trabajo. El fin último es “avanzar a una simplificación de la estructura de puestos, actualmente dispersa”.
Desde CSIF reclaman que esta reforma vaya acompañada de mejoras en las condiciones laborales y salariales. También insisten en que debe incluirse el desarrollo pendiente de aspectos clave como la evaluación del desempeño, la carrera profesional o la equiparación salarial con otras administraciones.
Han advertido, además, de que cualquier cambio “va a impactar de manera directa en el empleo público”, por lo que piden que se cuente con “la participación de todos”.
Proposición de ley para asegurar las subidas salariales
En materia retributiva, el sindicato ha anunciado que llevará al Congreso una proposición de ley para que los salarios de los funcionarios se actualicen de forma automática por ley. “Lo que no puede ocurrir es que los trabajadores públicos sean rehenes de que el Gobierno no presente unos Presupuestos”, ha señalado el secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama.
Según sus cálculos, los empleados públicos acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 21,95%, y todavía está pendiente la subida salarial del 0,5% correspondiente a 2024.
Por último, CSIF ha denunciado la “parálisis” del Gobierno en las negociaciones del nuevo acuerdo de Función Pública. “La Administración se ha negado a negociar nada”, han afirmado desde el sindicato, que ha acusado al Ejecutivo de iniciar el diálogo solo con “temas menos controvertidos”, sin avances reales.
Milagros Dorronzoro, secretaria de negociación, ha advertido de que las jubilaciones parciales anticipadas del personal laboral están bloqueadas, a pesar de ser un derecho reconocido. La nueva normativa exige que el relevo se realice mediante un contrato fijo y a tiempo completo, una condición difícil de cumplir sin una oferta pública.
CSIF también ha denunciado que el refuerzo en Seguridad Social ha sido insuficiente, a pesar de los 5.300 nuevos puestos creados. Además, aseguran que el 45% de las oficinas del SEPE continúa con falta de personal. Ante esta situación, desde el sindicato aseguran que no descartan “ningún tipo de medida” de presión para exigir al Gobierno que actúe.
