La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha registrado en el Ministerio de la Presidencia una petición formal para que el Gobierno “abone de una vez” el retraso salarial pendiente del año pasado, correspondiente a la subida pactada del 0,5% para corregir la variación del IPC en los últimos tres años, y se negocie un nuevo acuerdo salarial.
“Estamos a mediados de mayo y los empleados públicos, a diferencia del resto de trabajadores, seguimos con nuestros salarios congelados y aún se nos adeuda la subida pendiente del año 2024. Esto es una injusticia”, ha denunciado el secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, en un vídeo publicado por el sindicato.
Según Lama, el ministro de Función Pública, Óscar López, “está más pendiente de su carrera política” que de sentarse a negociar un nuevo acuerdo salarial con los empleados públicos. Esos empleados públicos, añade, que “el Gobierno pone de ejemplo y alaba su profesionalidad cada vez que hay una crisis y, sin embargo, los tiene abandonados”.
Por eso, el sindicato ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé las instrucciones para que, “de manera inmediata”, se proceda al abono de la subida salarial pendiente desde el año 2024 “y se siente a negociar un nuevo acuerdo que permita recuperar poder adquisitivo al conjunto de empleados públicos, mejore nuestras condiciones laborales y saque una oferta de empleo público sin tasa de reposición”. De lo contrario, ha avisado de que realizarán más movilizaciones e, incluso, no descartan “ningún tipo de medida de presión”.
Se está reteniendo 1.200 millones de euros a los empleados públicos
Según cálculos de CSIF a partir de las retribuciones medias, con la congelación salarial se está reteniendo 1.200 millones de euros a los trabajadores del conjunto de las administraciones. Sobre el porqué de esta congelación, han explicado que el Gobierno “se escuda en la ausencia de Presupuestos Generales del Estado”, pero que este “podría aplicar al menos el 0,5% adicional pendiente por la vía del Real Decreto-ley como sucedió en 2020 y 2024, así como el pasado marzo con la subida salarial al personal militar”.
Asimismo, han manifestado que, a consecuencia de la evolución de los precios, los empleados públicos han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 8,2% desde la firma del último acuerdo salarial y de casi un 20% desde la bajada de sueldo decretada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.
