Cambio en las oposiciones: no serán igual en 2024

La nueva Ley de Función Pública ha supuesto importantes cambios para los funcionarios, como son las evaluaciones por desempeño y los nuevos complementos salariales, pero también para los opositores que se están preparando para serlo. Con esta normativa, el Gobierno pretende mejorar y especialmente agilizar los procesos selectivos para la Administración General del Estado. Esto es, agilizar las Ofertas de Empelo Público (OPE).

Estas OPE se publican una vez al año, sin embargo, tardan más en convocarse y en ejecutarse, demorándose en el tiempo. Esto es lo que va a cambiar la norma, para beneficio de los opositores, ya que obligará a partir de 2024 que las plazas se convoquen en el mismo año en el que se anunció la oferta pública. Además, luego existirá un plazo máximo de dos años para que se ejecute la convocatoria.

De ese modo, las plazas convocadas se van a cubrir más rápido, ya que otro de los puntos de la Ley de Función Pública establece que una oposición no se podrá retrasar más de un año entre sus distintos exámenes (es decir, el proceso de oposición no podrá durar más de un año). Otra novedad importante respecto a las plazas es que las que no se cubran en la ejecución de la convocatoria podrán convocarse nuevamente, siempre que no hayan pasado más de tres años desde que se publicó la oferta pública de empleo.

Cambio en los procesos y oposiciones: serán más “unitarios”

Por otro lado, el Gobierno va a habilitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública para elaborar un modelo de bases comunes en los procesos selectivos. El objetivo es que estos sean más “garantistas” y “unitarios”, de modo que los campos y orientaciones de selección queden recogidos en un mismo instrumento para todos los procesos.

Asimismo, las pruebas para seleccionar a los nuevos integrantes de Función Pública se van a reformar, buscando que el modelo de selección se centre más en las funciones y tareas que van a desempeñar en los puestos de trabajo ofertados. Se apuesta así por mucha mayor practicidad de los procesos, del mismo modo que se va a incorporar una mayor territorialización en la oferta de plazas.

En último lugar, se va a imponer que los tribunales de los procesos y oposiciones sean más profesionalizados. Esto se va a conseguir fomentando que sus miembros participen en actividades formativas dirigidas a la obtención de conocimientos y competencias en técnicas de selección, igualdad de género y atención a la diversidad.