Los contratos temporales de la Administración Pública tienen nombre mayoritario de mujer. Según el informe elaborado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en el cuarto trimestre de 2022 existían más del doble de mujeres que hombres con contratos con fecha de caducidad en el sector público. Concretamente, el marcador refleja un 352.300 frente a 712.000.
No solo eso, si no que el documento del sindicato también alumbra que dominan la parcialidad en las administraciones, incluso en mayor medida que la temporalidad. Con un 74%, agrupan prácticamente tres cuartos de los contratos parciales, además de congregar casi la totalidad de las reducciones de jornada que se solicitan. Por ejemplo, la cantidad de mujeres que se acogen a una excedencia para cuidar de familiares es cuatro veces mayor que la de los hombres.
Ni la mediación de la pandemia o la reforma laboral aprobada el pasado año precisamente con la batalla contra la temporalidad o parcialidad por bandera, pero cuyos efectos todavía se continúan interiorizando, han conseguido mejorar la situación. Las cifras son prácticamente calcadas a las de 2019, justo antes de la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus. Algo que vuelve a poner de relieve la ausencia general de planes de igualdad en las comunidades autónomas, ayuntamientos o la propia Administración.
La brecha de género se cierra a ritmo lento
La pandemia, como punto de comparación, evidencia que la brecha de género que trata de suturar el Gobierno y sus políticas de igualdad laboral lo hace a una velocidad muy reducida. Si lo hace, ya que en algunos casos incluso se ensancha, como ocurre con los salarios medios de los ERTES en 2021, donde la brecha pasó del 19,8% al 29,6%.
La pandemia agrava la discriminación laboral de las mujeres.
— CSIF Nacional (@CSIFnacional) February 20, 2023
📉La brecha salarial se estanca en el 20%: los hombres ganan una media anual de 23.724 euros y las mujeres apenas alcanzan los 19.000💶
De seguir así se tardaría medio siglo en lograr la plena igualdad. pic.twitter.com/6KxTF3BACX
Cobrando los hombres anualmente de media cerca de los 23.724 euros por los 19.011 euros de las mujeres, la brecha se redujo únicamente en términos generales un 0,41% en 2021, si se compara con 2020. Según el CSIF, de seguir esta velocidad, se demoraría medio siglo, aproximadamente, para dar erradicada esta desigualdad salarial.
La pandemia y las restricciones sanitarias impuestas han acabado por fulminar el desarrollo en contratación. Desde entonces, la diferencia entre hombres y mujeres con contratos temporales se ha multiplicado por doce. La última encuesta de población activa (EPA) cifra en 27.700 mujeres más que hombres en esta situación. Ese dato se fecha en el último trimestre de 2019. Sin embargo, tres años después, aumentó hasta los 333.900.
Otros datos como que los contratos a tiempo parcial de trabajadoras triplican al de los hombres o que existen casi el doble de esposas en paro que de maridos (700.200 frente a 411.500 hombres) ponen la guinda a una problemática de relieve en los últimos años.
🪙 Día de la Igualdad Salarial 2023
— CSIF Nacional (@CSIFnacional) February 20, 2023
❌La pandemia agrava la discriminación laboral de las mujeres y los Ertes disparan la brecha salarial.
🚨Las mujeres trabajan dos meses y medio gratis al año. A este ritmo se necesitaría medio siglo para la equiparación salarial REAL. pic.twitter.com/QTGcFlZscV
Reclamo de medidas al Gobierno
CSIF ha solicitado al Gobierno de España la creación de una evaluación año a año que evalúe los avances en materia de brecha de género a nivel del sector público, pero también del privado, a pesar de que la estabilidad es mayor en este último. Para impulsar la conciliación y la corresponsabilidad laboral, reclama:
- Creación de la figura del delegado sindical especializado en Igualdad y contra la violencia de género en cada centro de trabajo.
- Plazas públicas gratuitas para escuelas infantiles de cero a tres años.
- Enfoque de género en las administraciones públicas.
- Medidas de conciliación sin pérdida retributiva.
- Normativa específica para realizar auditorías retributivas en las administraciones públicas.
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