CCOO y UGT lanzan una petición al Gobierno para sacar adelante la reforma del registro de jornada laboral a pesar del dictamen desfavorable del Consejo de Estado, ya que para los sindicatos este informe “no puede servir de excusa” para frenar una medida que ya tenían acordada en el marco del diálogo social. Además, ambos sindicatos han aportado datos de la enorme cantidad de horas que se defraudan al año o no se compensan de ninguna forma.
En un comunicado conjunto, ambas organizaciones sindicales expresan su “más profunda preocupación” por el posicionamiento del órgano consultivo y defienden que la prioridad debe ser garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa laboral, especialmente en un ámbito donde, reiteran, siguen habiendo altos niveles de fraude. Es por esto que los sindicatos vuelven a exigir al Gobierno que se apruebe el registro horario.
Los sindicatos subrayan que el Ejecutivo “no puede ampararse en un informe no vinculante para incumplir los compromisos adquiridos”, en referencia al proyecto de Real Decreto que busca reforzar el sistema de control horario, dotándolo de mayor fiabilidad, accesibilidad y resistencia a manipulaciones.
130 millones de horas al año de fraude
El trasfondo del debate reside en la magnitud del incumplimiento de la normativa sobre jornada laboral. Según los datos aportados por CCOO y UGT, en España alrededor del 40% de las horas extraordinarias no se pagan ni se compensan, lo que equivale a unos 130 millones de horas al año. Este volumen de irregularidades genera, según los sindicatos, un ahorro ilícito para las empresas superior a los 3.200 millones de euros anuales.
A su juicio, esta situación no solo perjudica a los trabajadores, sino que también impacta en las cuentas públicas al reducir las cotizaciones a la Seguridad Social y la recaudación fiscal. De ahí que consideren “imprescindible” reforzar el sistema de registro horario para evitar prácticas de competencia desleal entre empresas.
El choque con el Consejo de Estado
El dictamen del Consejo de Estado pone en duda el camino elegido por el Gobierno para tramitar el registro horario (un Real Decreto) y el carácter de urgencia de la medida, sabiendo que una norma que impone un modelo digital común para más de 1,3 millones de empresas necesita un proceso más amplio como podría ser una ley.
También introduce objeciones en materia de protección de datos, apoyándose en un informe desfavorable de la Agencia Española de Protección de Datos. Este punto ha sido especialmente criticado por los sindicatos, que consideran que el énfasis en la privacidad podría dificultar el acceso de la Inspección de Trabajo a los registros y, en la práctica, obstaculizar el control del cumplimiento de la ley.
Un debate con implicaciones estructurales
Más allá de la disputa técnica, el conflicto evidencia un debate de fondo sobre el modelo de control del tiempo de trabajo en España. CCOO y UGT recuerdan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha exigido sistemas “objetivos, fiables y accesibles”, criterios que, a su juicio, el modelo vigente no cumple plenamente.
Para los sindicatos, retrasar la reforma supondría perpetuar un sistema que consideran “claramente insuficiente” y consolidar un escenario de incumplimiento generalizado. Por ello, instan al Gobierno a seguir adelante con la norma y a reforzar las garantías de control, en un contexto en el que está en juego tanto la protección de los derechos laborales como la igualdad del sistema económico, según advierten.
