Bruselas expedienta a España por imponer controles “injustificados” a trabajadores temporales y ocasionales

La Comisión Europea ha abierto un nuevo expediente a España (que se unen al de la no retribución del permiso parental y al de abuso de la temporalidad) por imponer controles injustificados a los profesionales que desean prestar servicios temporales y ocasionales. En consonancia, instan a reducir estas cargas para cumplir con las normas comunitarias al respecto.

Bruselas, además de a España, ha abierto un procedimiento de infracción por el mismo motivo a otros 21 Estados miembro: Austria, Alemania, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia. En concreto, por el incumplimiento de la directiva sobre cualificaciones profesionales, tal y como han informado desde Europa Press.

Esta directiva facilita a los profesionales la prestación temporal y ocasional de sus servicios en distintos Estados miembro, al tiempo que garantiza la protección de los consumidores y ciudadanos. Excepcionalmente, en el caso de los profesionales con implicaciones para la salud y la seguridad pública, los Estados miembro pueden comprobar las cualificaciones antes de permitir la prestación de servicios, aunque estos pueden retrasar considerablemente el inicio de las actividades, por lo que solo pueden imponerse en condiciones estrictas. 

En particular, cuando la falta de cualificaciones pueda provocar daños graves para la salud o la seguridad del destinatario del servicio. 

Bruselas considera que exigen controles previos “injustificados”

La Comisión Europea ha considerado que España y los otros 21 Estados miembro mencionados exigen controles previos de forma injustificada para varios profesionales que no cumplen las condiciones especiales en las que se permiten dichos controles. Además, ha centrado esta medida de ejecución en tres ámbitos de especial importancia: construcción, transporte y servicios a las empresas.

Después de este expediente, las capitales deben remitir ahora una respuesta a Bruselas que, a falta de una respuesta satisfactoria, puede amenazarlas con elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).