Adiós a la reducción de jornada: Conpymes asegura que tienen el “no” de Junts

La reducción de la jornada laboral, una vez se apruebe en segunda vuelta en Consejo de Ministros, debe ser convalidada en el Congreso de los Diputados para que pueda entrar en vigor. Es aquí donde se prevén dificultades, ya que el Gobierno no cuenta con mayoría parlamentaria. Por ello, necesitará el apoyo de Junts o del Partido Popular, entre otros, y sobre uno de ellos se ha manifestado la patronal Conpymes.

El presidente de Confederación Nacional de Pymes, José María Torres, señaló esta semana que hablarán con todos los grupos políticos para frenar la legislación de la reducción de jornada. Y, en concreto, afirmaron que Junts votará en contra, ya que así se lo han “asegurado”, si bien “siempre depende de las cuestiones políticas”. Una afirmación que concuerda con la réplica que dio el diputado Josep Maria Cervera a primeros de marzo, cuando adelantaron su negativa.

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Así lo afirmó durante la Cumbre Empresarial celebrada el pasado martes bajo el lema “Reducción de Jornada: Así no”, y donde también agregó que no tienen previsto viajar hasta Bélgica para confirmar esta respuesta de Junts por parte del propio Carles Puigdemont. En este sentido, manifestó que esperaba que no fuese “moneda de cambio para otra cosa en el Congreso”.

Asimismo, también se han puesto en el escenario de que finalmente el texto de la reducción de jornada sí recabe los apoyos parlamentarios suficientes. Al respecto, Torres señaló que desde Copymes se van a centrar “en que el recorte de la jornada no se apruebe. Y, si lo hace, habrá que intervenir en el periodo de enmiendas, lo que no sería muy bueno para las empresas”, en declaraciones recogidas por ‘El País’. 

Manifiesto en contra de la reducción de jornada

Tal y como dio a conocer Conpymes en un comunicado, decenas de pymes han firmado un manifiesto contra el texto de la reducción de jornada, manifestando que “atenta a la libertad de empresa y contra el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios, que establece el marco de la Carta Magna para la negociación colectiva, garantizando estos derechos”.

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En este documento, aseguran que, con esta medida, y el resto que plantea el Ministerio en ámbitos laborales, “lo que está en juego es la supervivencia de nuestro tejido empresarial”. Sobre esto, apuntan que la norma no solo consta de una reducción de jornada hasta las 37,5 horas, sino que pretende también “crear un nuevo registro de jornada, que supone una vulneración del derecho a la libertad de empresa, a la privacidad y, al mismo tiempo, conlleva una presunción implícita de incumplimiento empresarial en materia de jornada que es inadmisible; reforzar el derecho a la desconexión digital, con el derecho del trabajador a no estar localizable fuera de su horario de trabajo; y cambiar el régimen sancionador, multiplicando la cuantía de las sanciones”.

En el manifiesto también se denuncia que, para la elaboración de la norma, “no se ha tenido en cuenta ni el tipo de actividad, ni el diferente impacto en relación a la dimensión de las empresas o en los distintos sectores económicos, ni las nuevas formas de trabajo, como el empleo por objetivos, el teletrabajo o la distribución irregular del horario para favorecer la conciliación”.

También critican que no se ha pensado “la flexibilidad con la que trabajan las empresas más pequeñas y los autónomos, en muchos casos negocios familiares, lo que dificultará la implantación del sistema de seguimiento de la jornada de 37,5 horas”. En cambio, añaden que, no hacer este seguimiento, “llevará aparejadas multas muy elevadas de hasta 10.000 euros por trabajador, una decisión que cambia radicalmente las sanciones que se aplican ahora, que son por empresa y no llegan a 7.500 euros”. 

Estas medidas, concluyen, no solo “menoscaban la Confederación Nacional de Pymes - negociación colectiva y, en cierto modo, la libertad de empresa”, sino que “estigmatizan además a los empresarios y empresarias de nuestro país a partir de establecer una fiscalización de su actividad hasta límites poco razonables, partiéndose de la presunción de que éstos incumplen sistemáticamente la normativa laboral en vigor”.