Una jubilada de más de 80 años residente en Argentina ha conseguido que la justicia anule los préstamos activos que mantenía con una financiera y confirme que no debe pagar ninguna cantidad más. Además, tendrán que indemnizarla con 7.111 euros (unos 7,6 millones de pesos argentinos).
Todo empezó cuando la mujer solicitó varios créditos personales porque no tenía suficientes ingresos, con su pensión de jubilación, para cubrir todos sus gastos. Luego encadenó refinanciaciones porque no podía devolver las cuotas y en estas, el dinero de cada nuevo préstamo era empleado para cancelar cuotas del anterior.
Sobre estas cantidades que ya llevaban intereses, la financiera recalculaba otros nuevos, mucho mayores. La Justicia consideró acreditado que la anciana estaba en una situación vulnerable por la edad, la poca formación, sus ingresos que eran muy bajos, y el alto nivel de endeudamiento.
Analizaron las cuotas que estaba pagando, que consumían entre el 46% y el 49% de su dinero mensual pero la entidad seguía ofreciéndole nuevos créditos sin analizar su capacidad para devolverlos.
La refinanciación generaba nuevos intereses
La estrategia de la financiera con esta mujer estaba cada vez más clara y de este modo lo reconoce la sentencia publicada por la web argentina ‘Derecho en zapatillas’ donde ella explica que sí había pedido los créditos pero no podía calcular cuánto dinero le habían ingresado, cuánto había pagado y qué cantidad debía.
Dijo que no la dejaron leer los documentos antes de firmarlos, que tuvo que hacerlo muy rápido y que no le dieron ninguna copia. Cuando se lo contó a su familia, solicitaron los contratos a la financiera, el detalle de las operaciones y una liquidación de deuda. Pero no le dieron una respuesta clara. Le presentaron documentación con espacios en blanco en apartados importantes como los tipos de interés, el gasto y el coste del crédito.
Los miembros del tribunal tuvieron acceso a esta documentación y reconocieron en el fallo que en los contratos no aparecían los datos fundamentales. Además, cuando refinanciaba un préstamo, la empresa no se limitaba a trasladar el capital pendiente.
El crédito nuevo incorporaba tanto el capital pendiente como los intereses del anterior y luego generaba nuevos intereses sobre el importe completo. La sentencia refleja otro incumplimiento y es que se volvió a cobrar el IVA correspondiente a intereses en los que ya había sido incluido y abonado anteriormente.
El juez determinó que no bastaba con dar a la clienta un comprobante donde aparecía la fecha de vencimiento de cada cuota y el importe a pagar, sino que tenían que poner las condiciones económicas. Calificaron a la mujer como una consumidora “hiper vulnerable” y “sobre endeudada”. Calificó de “irresponsable” el comportamiento de la financiera cuando le prestaban dinero sabiendo que parte de su pensión era para pagar deudas.
Anularon los contratos que no habían sido cancelados y los pagarés así como los documentos emitidos a consecuencia de estas operaciones.
La financiera ‘acosaba’ a la anciana con llamadas y WhatsApp
El tribunal tuvo en cuenta la cantidad de llamadas o mensajes de WhatsApp que recibió la anciana donde le reclamaban los pagos. La Justicia entendió que no estaban reclamándole la deuda sino que la estaban amenazando con supuestos procedimientos judiciales o embargos.
La indemnización que va a cobrar la mujer es de 7.111 euros más los intereses por daño moral. Tendrán que retirar a la mujer de la lista de morosos en un plazo de 48 horas desde el momento en que la resolución fue firme.
Ordenó a las empresas demandadas que dejasen de reclamar cualquier saldo pendiente y les recordó que deben correr con las costas judiciales.
