El Tribunal Supremo ha dado la razón al sindicato Jupol y ha condenado al Gobierno “por su inacción” en la regulación de la jubilación anticipada de los policías nacionales integrados en el Régimen General de la Seguridad Social. Un “éxito judicial”, como ha dado a conocer la organización sindical, que se produce en un momento clave, ya que, este martes, el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el Real Decreto para regular el procedimiento que anticipa la jubilación en las profesiones más penosas.
De hecho, Jupol, Jusapol y Jucil aseguran que esta sentencia “ha forzado al Ejecutivo a aprobar un nuevo reglamento para pedir la jubilación anticipada en diversas profesiones”, acusando al Ejecutivo de haber hecho hoy el anuncio “a la carrera y adelantándose a la rueda de prensa del Consejo de Ministros”.
La sentencia, emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el pasado 21 de mayo de 2025, estima el recurso interpuesto por Jupol contra la desestimación por silencio administrativo del Consejo de Ministros a la solicitud sindical para aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación a estos agentes.
El Alto Tribunal, según ha dado a conocer el sindicato, ha establecido que dicha omisión constituye una vulneración del derecho a la igualdad, “al tratar de forma desigual a los policías nacionales respecto a sus homólogos de la Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral y Policías Locales”.
Obligación de crear un Real Decreto para equiparar sus condiciones de jubilación a la del resto de agentes
Como consecuencia de esta vulneración, el Supremo ha declarado la obligación del Gobierno “de iniciar el procedimiento y elaborar una disposición reglamentaria para la regulación de la jubilación anticipada para los miembros de la policía nacional encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social en condiciones de igualdad con el resto de cuerpos policiales autonómicos y locales”.
Jupol señala que el Alto Tribunal ha “dejado claro” que existe una base jurídica suficiente para exigir el inicio de los trabajos normativos necesarios para regular este derecho, señalando que la falta de regulación vulnera el artículo 14 de la Constitución Española. Por ello, obliga a la Administración a elaborar un Real Decreto que equipare las condiciones de jubilación de estos agentes, cumpliendo con lo estipulado en el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social y el RD 1698/2011.
Esto ha querido reiterarlo el secretario general de Jupol, Aarón Rivero: “la sentencia es contundente: la omisión del Gobierno ha creado una situación contraria al ordenamiento jurídico, y ahora la Administración no puede seguir mirando hacia otro lado”, añadiendo que “mientras otras organizaciones criticaban la utilización de recursos para el reconocimiento de la Profesión de Riesgo en la vía judicial, Jupol ha centrado sus esfuerzos en este sentido, dada la nula negociación con el Gobierno. Una estrategia que ahora ha dado sus frutos y ha logrado la Jubilación Digna, en igualdad de condiciones que las policías locales y autonómicas, para los policías nacionales”.
“Una victoria histórica para todos los policías nacionales”
En palabras también del secretario general, esta sentencia del Tribunal Supremo es “una victoria histórica para todos los policías nacionales que accedieron al Cuerpo a partir del 2011”, ya que “abre el camino para la consecución de la jubilación anticipada en las mismas condiciones que el resto de policías en España para todos los policías nacionales y guardias civiles”. En estos términos, ha agregado que “se pone fin a una injusticia discriminatoria que nos dejaba fuera del derecho a jubilarnos en condiciones dignas como el resto de policías de España”.
Por último, desde Jupol, Jucil y Jusapol exigen ahora al Ministerio del Interior que “acate de forma inmediata” el fallo del Tribunal Supremo y que “no obstaculice más la jubilación anticipada de los policías nacionales y guardias civiles”.
