María Jesús Margarit Pelaz lleva más de 43 años cotizando. Es procuradora de los tribunales del colegio de Castellón, colegiada desde 1983, y a sus 71 años no puede jubilarse. Y no porque le falten años de ejercicio profesional, sino porque todos los que acumula están en la mutualidad de procuradores, no en el sistema público de la Seguridad Social. Su caso es el de miles de profesionales colegiados (abogados, arquitectos, ingenieros y procuradores) que quedaron fuera del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) al cotizar durante décadas a mutualidades alternativas que en la mayoría de los casos proporcionan una pensión insuficiente.
"Me siento engañada por un lado por la mutualidad, que a la vista está que se ha convertido en una mutualidad fallida. Por otro lado por los políticos, porque son incapaces de ponerse de acuerdo, y por el Estado, por haber olvidado su deber de supervisar el funcionamiento de la mutualidad", denuncia María Jesús en un vídeo publicado en las redes sociales del Movimiento J2 (de abogados y procuradores), que lucha por garantizar una jubilación adecuada al colectivo.
Ciertamente, la denuncia de esta procuradora pone nombre propio a una situación que afecta a cerca de 200.000 profesionales en toda España, según las cifras que manejan las asociaciones de mutualistas. Más del 95% de ellos perciben prestaciones por debajo de los 700 euros mensuales. De hecho, muchos no llegan a los 400.
Una ley respaldada por el Congreso que lleva un año en el cajón
El 6 de mayo de 2025, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por el PSOE para habilitar una pasarela voluntaria al RETA. La norma contó con 311 votos a favor y 32 abstenciones, siendo Vox el único grupo que no respaldó la iniciativa (aunque tampoco votó en contra).
Esta norma se articulaba en tres ejes principales. El primero, acabar con la alternatividad a partir de 2027, de modo que los nuevos autónomos colegiados cotizarían obligatoriamente al sistema público. El segundo, mejorar las prestaciones mínimas de las mutualidades existentes hasta alcanzar el 100% de la pensión mínima en 2027. Y el tercero, crear una vía para que los mutualistas pudieran transferir sus derechos acumulados al RETA y computar esos años como cotizados.
Sin embargo, este consenso parlamentario no se ha traducido en un avance legislativo. El plazo de enmiendas concluyó en septiembre de 2025 y la ponencia de la Comisión de Trabajo nunca llegó a convocarse. En diciembre, la tramitación quedó suspendida sin acuerdo. La portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, registró una solicitud para reactivar el proceso y denunció un “anómalo bloqueo en el trabajo parlamentario”. A día de hoy, la ley sigue sin avanzar.
Mutualidades que pasaron de sistema de previsión a plan privado
El origen del problema se remonta a 2005, cuando las mutualidades alternativas pasaron a funcionar como sistemas de capitalización individual, es decir, como planes de pensiones privados. Hasta entonces, los profesionales colegiados podían elegir entre cotizar al RETA o a la mutualidad de su colegio. Muchos eligieron la mutualidad. El cambio normativo convirtió sus aportaciones en un fondo individual que, décadas después, ofrece pensiones que no cubren las necesidades básicas.
“Estoy esperando la resolución en el Congreso de los Diputados de la solicitud de la pasarela al RETA y a día de hoy todavía no ha sido resuelta, a pesar de haberse presentado el pasado 6 de mayo de 2025”, manifiesta María Jesús en el citado vídeo.
Otra asociación de abogados afectados, ANAMA, ha advertido de que el texto del PSOE, tal como está redactado, dejaría fuera al 66% de los afectados, al exigir como requisito encontrarse en activo a 31 de diciembre de 2022 y no haber alcanzado los 15 años cotizados en la Seguridad Social. El colectivo Movimiento J2 cumplió un año de protestas ante el Congreso en febrero de 2026 y ha convocado nuevas movilizaciones.
43 años trabajando y sin derecho a una pensión digna
El caso de María Jesús resume a la perfección el conflicto. Ha estado trabajando ininterrumpidamente desde 1983, más de cuatro décadas, pero esos años no cuentan para el sistema público de pensiones porque se cotizaron a una mutualidad que no forma parte de la Seguridad Social. Sin la pasarela, sus opciones son cobrar la pensión de la mutualidad (que en muchos casos no supera los 400 o 500 euros) o seguir trabajando indefinidamente.
Cerca de 200.000 profesionales, al igual que ella, están esperando una respuesta del Congreso. Una respuesta que, tras más de un año, no llega. La consecuencia directa es que, tras décadas cotizando, no pueden acceder a una jubilación digna.
