La OCDE presiona a España para retrasar la edad de jubilación y reducir el gasto en pensiones

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acaba de presentar sus previsiones para España y está alertada con el último gasto en pensiones por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, bajo las directrices de José Luis Escrivá. Ha superado los 12 millones de euros, después de que se finalizara la aprobación de la reforma Escrivá, la que tiene como finalizar demostrar una sostenibilidad en el sistema de pensiones. 

Queda así patente que no ve con buenos ojos estas políticas de estabilidad en pensiones, justo dos semanas después de que dicho ministerio acabara de mandar un informe del ‘Proyecto de Gasto Público en Pensiones en España’ a la Comisión Europea. Según los analistas de la OCDE, esta reforma conforme a la revalorización del IPC desembocará en “un incremento considerable del gasto en pensiones que se prolongará durante los próximos 20 años”, como recoge ABC.

Entre los desafíos que debe afrontar la Seguridad Social, sea cual sea el Gobierno que llegue al Ejecutivo en la próxima legislatura, está el de tomar medidas para compensar ese aumento del gasto o incrementar los recursos del sistema. La OCDE ha aprovechado para dejar clara su postura, la de vincular la edad de jubilación con la esperanza de vida y, por tanto, aumentar la edad legal de jubilación. 

Con el sistema actual, esta edad legal está fijada actualmente en los 66 años y cuatro meses, siempre que se haya cotizado un mínimo de 37 años y 9 meses. Sin embargo, el sistema actual tiene fijado que esta llegue a situarse en los 67 años en 2027.

Las recomendaciones de la OCDE para fortalecer el sistema de pensiones

Desde la OCDE siguen apostando por el que la revalorización de las cuantías siga la estela de la esperanza de vida. Justifican esta postura alertando de que la estructura de población en España es de pirámide invertida, donde hay más personas mayores que nacimientos. Como consecuencia directa se puede desencadenar una fuerte demanda de recursos presupuestarios en materia de salud y pensiones, por lo que el Gobierno tiene que tener las previsiones económicas suficientes.

¿Esto cómo se consigue? Pues con subidas de impuestos y con recortes del gasto público. El punto donde más choca la OCDE es la forma que ha elegido Escrivá de aumentar los ingresos conforme la tasa de inflación correspondiente al mes de noviembre en términos desestacionalizados.

Ayer, el gobierno de coalición, que podría dentro de poco estar formado entre PSOE y Sumar, anunció recientemente una nueva subida de impuestos a las grandes compañías y a las personas con rentas altas. Lo que significa que se gravará más el capital y la riqueza. Todo esto teniendo en cuenta que más del 95% del tejido empresarial español son pymes y autónomos. Por tanto, la OCDE desconfía de este plan fiscal y de que el déficit fiscal baje del 3,5%, como aseguran desde el Ejecutivo en funciones.