Multas de hasta 900.000 euros para quien alquile su vivienda de este modo

Govern y los Comunes acuerdan sanciones para ‘castigar’ el uso fraudulento del alquiler de temporada que van desde leves a muy graves.

Un hombre mira el escaparate de una inmobiliaria.
Un hombre mira el escaparatede una inmobiliaria con varios carteles de alquiler. EFE
Berta F. Quintanilla

El Govern y los Comunes han cerrado un acuerdo sobre el régimen sancionador de la Ley de Vivienda en Cataluña que data de 2007. Con esta medida, habrá multas de hasta 900.000 euros en el caso de infracciones ‘muy graves’ como el uso fraudulento del alquiler de temporada. Una vez aprobada este martes por el Consell Executiu, entrará en vigor mañana, miércoles.

Ha sido la presidenta del Grupo de los Comunes en el Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, quien junto a la diputada Susanna Segovia, ha dado a conocer este importante acuerdo que cambiará el mercado de la vivienda catalana. La puesta en marcha de un régimen sancionador con carácter disuasorio antes del próximo 31 de enero era una de las condiciones que los Comuns puso al Govern de Salvador Illa para negociar los presupuestos de 2025, como recoge Europa Press

“Estaba incluida en nuestro acuerdo de investidura y hoy podemos decir que lo hemos conseguido”, señaló Albiach que lamenta, eso sí, que “llega tarde”. A pesar de eso, ha calificado como “imprescindible” esta medida aunque “queda mucho trabajo por hacer”.

Multas desde 90.001 a 900.000 euros en las infracciones muy graves

La medida considera como infracciones muy graves poner un precio de alquiler superior al 30% de lo que marca el Índice de Precios de Referencia, no hacer constar la finalidad del contrato o que este sea fraudulento, así como cargar los gastos de la gestión al inquilino.

Estas tres infracciones serán consideradas como muy graves y supondrán sanciones de entre 90.001 y 900.000 euros. “Si se cumple la Ley, si se alquilan las viviendas, según dice la ley de contención de rentas, nadie tendrá ninguna sanción”.

Por otro lado, las infracciones graves son tres: poner un precio del alquiler superior al Índice de Precios de Referencia hasta el 30%, no hacer constar en el contrato o en la oferta este índice de precios y no hacer constar el importe de la renta del contrato anterior. Estas actividades llevan aparejada una sanción de entre 9.001 a 90.001 euros.

El nuevos cuerdo va a cambiar la Ley de Código de Consumo de Catalunya incorporando una infracción grave por las prácticas abusivas en el contrato de alquiler temporal, cuando quede acreditada la finalidad permanente o habitual con multas de hasta 100.000 euros.

Los inquilinos deberán tener acceso a toda la información

La información sobre el alquiler de las viviendas deberá ser accesible a los inquilinos, y estar presente en los anuncios, la publicidad y los contratos de alquiler. Tiene que aparecer el Índice de Precios de Referencia, cuando el propietario sea gran tenedor, y el precio del contrato anterior para los pequeños tenedores. 

Deberá constar en el contrato si se trata de es o no un gran tenedor y la finalidad del contrato: si es de temporada o como residencia habitual. Para controlar, habrá una ventanilla única de denuncias en la página web de la Agència de L'Habitatge de Catalunya donde el Govern “debe ser proactivo y hacer un requerimiento claro a todos los propietarios, para que ajusten los contratos a la legalidad”.

“Podrías sumar dos sanciones, si así se considera”

Las sanciones serán acumulativas en el caso de los propietarios que cometan varias a la vez. Los ayuntamientos también tendrán competencias para sancionar y podrá haber multas a través de la Ley de Consumo o la Ley de Vivienda. “Se podrían llegar a sumar dos sanciones si así se considera”.

Este régimen de sanciones no podrá tener carácter retroactivo, pero se espera que sí tenga efecto disuasorio. “Si hay una familia a la que le han hecho un contrato de alquiler de temporada a alquiler de residencia, la cantidad de la sanción podría reducirse y la intención es que “haya menos sanciones y más conversiones de contratos de alquiler de larga duración”.

El Parlament tiene 30 días para validar la norma

Cuando se haya aprobado el Decreto, el Parlament tiene 30 días para validarlo. Segovia espera que sea así, ya que la ley “está muy blindada jurídicamente” por lo que no podrá ser inconstitucional, como ha resaltado.

Otra de las peticiones de los Comuns al Govern de Illa es la puesta en marcha de un cuerpo especial de 100 inspectores para dar cumplimiento a estas sanciones.

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