El Consejo de Ministros ha aprobado este mismo martes el primer tramo de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para ayudar a las empresas a hacer frente a los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Gobierno pone en marcha los primeros 1.000 millones de euros, para apoyar a las empresas con fuerte vinculación comercial con el país, a través del o 'Plan de Recuperación y Relanzamiento'.
Tras la aprobación del paquete de medidas el pasado martes para proteger a las empresas de la política arancelaria estadounidense, esta línea de avales, dotada con total de 5.000 millones de euros, tiene como objetivo garantizar liquidez y facilitar inversiones a las compañías más afectadas por la nueva política comercial. En este primer tramo, de 1.000 millones de euros, 750 millones estarán destinados a cubrir las necesidades de liquidez, y 250 millones a nuevos proyectos de inversión.
Los préstamos podrán solicitarse hasta el 30 de junio de 2026 a través de entidades financieras en colaboración con el ICO, y están destinados a:
- Empresas cuyo volumen de exportaciones o importaciones con Estados Unidos supere el 5% de su cifra de negocios.
- Empresas que, sin operar directamente en ese mercado, formen parte de cadenas de valor o sean proveedoras de sectores afectados.
Dos modalidades de apoyo: liquidez e inversión
Como se ha explicado, estas ayudas habrá dos vías de actuación diferenciadas. En primer lugar, la destinada a necesidades de liquidez, que cubrirá hasta el 80% del préstamo solicitado, con un periodo de devolución de hasta cinco años y uno de carencia.
Para los nuevos proyectos de inversión, se financiará hasta el 80% del valor del proyecto, y hasta el 100% del capital circulante asociado, con un plazo máximo de diez años y tres de carencia.
Un punto importante es que en los casos en los que no se supere el millón de euros, se podrán gestionar las solicitudes directamente a través de las entidades bancarias. Cuando los importes superen esta cantidad se formalizarán bajo un régimen de cofinanciación entre dichas entidades y el ICO.
