La Oferta de Empleo Público 2026 está más cerca de ser una realidad porque el Ministerio de Función Pública de Óscar López ha convocado para este viernes 17 de abril a los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para que asistan a una reunión de la Comisión de Temporalidad y Empleo. Esta cita se produce en un momento muy sensible, un día más tarde de que se conociese una sentencia del TJUE en la que se cuestiona la eficacia del modelo español para sancionar el abuso de temporalidad en el sector público.
Aunque se ha dado una coincidencia en el tiempo, desde el departamento de López insisten en que no ha sido en la forma ya que el fallo judicial no está contemplado en el orden del día. Una medida que no ha gustado a los sindicatos que insisten en que sí deberá formar parte del debare considerando que se reforzarían sus reclamaciones para adoptar medidas estructurales que reduzcan la tasa de temporalidad en las administraciones.
Algunos de los puntos que se ponen en duda con esta sentencia tienen que ver con el indefinido no fijo, las indemnizaciones o los procesos selectivos que cumplan con la exigencias del Derecho Comunitario, y en particular el TJUE avisa de que estas herramientas no aseguran una respuesta “disuasoria” frente al encadenamiento abusivo de contratos temporales.
Una trabajadora del sistema educativo en Madrid encadenó seus contratos de interinidad desde 2016
El punto de partida de esta sentencia está en el caso de una empleada del sistema educativo madrileño que encadenó seis contratos de interinidad desde 2016. Aunque desde la Justicia se calificó su situación como indefinida no fija, el TJUE considera que esta solución lo que hace es prolongar la precariedad, manteniendo la naturaleza temporal de este vínculo laboral sin asegurar un empleo estable que es un elemento “primordial” para la protección de los trabajadores.
El tribunal también cuestionó la suficiencia de las indemnizaciones previstas por la Ley en España entendiendo que no siempre proporcionan una reparación efectiva y proporcional de los daños. Pone en duda que los procesos selectivos incluso los que tienen en cuenta la experiencia sirvan para corregir estos abusos.
El Ministerio ha restado importancia e ste fallo que ha calificado de “aclaratorio” subrayando que no obliga a España a convertir en fijos a los temporales asegurando que cualquier forma debe respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, respaldados por la doctrina del Tribunal Constitucional.
Los sindicatos ven una “llamada de atención”
No obstante, los sindicatos interpretan la sentencia como una llamada de atención al modelo español, y así, UGT ha reclamado una revisión urgente de las políticas de empleo público para evitar nuevos abusos, mientras que CSIF denuncia que al menos 125.000 interinos se encuentran en situación de fraude de ley. Por su parte, CCOO sostiene que el ordenamiento jurídico español sigue sin ofrecer una respuesta suficientemente eficaz.
La reunión del viernes se perfila así como un primer escenario de confrontación entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores sobre el alcance de la sentencia europea, aunque formalmente centrada en la oferta de empleo público, el trasfondo del encuentro apunta a un debate más amplio sobre el futuro del empleo temporal en las administraciones, un problema estructural que Bruselas lleva años señalando y que ahora vuelve al centro de la agenda política y jurídica.