El Ministerio de Función Pública ya está preparando nuevas medidas con las que combatir el abuso de la contratación temporal (las interinidades) en la administración pública. Entre las opciones planteadas está la creación de un sistema de alertas que detecte cuándo un trabajador encadena contratos durante más de tres años, como ha adelantado El País y recoge RTVE.
La cartera de Óscar López está trabajando conjuntamente con las Comunidades Autónomas, con cuyos representantes ya ha mantenido un encuentro después de pedir más tiempo a Bruselas para poder avanzar en las negociaciones y los planteamientos. Una vez que se concreten estas actuaciones, se podrá barajar un endurecimiento de las sanciones a las empresas públicas que recurran de manera constante e irregular a empleados temporales para cubrir necesidades que se van a prolongar en el tiempo.
El Ejecutivo apunta a que aproximadamente unos 200.000 trabajadores públicos se encontrarían en una situación de abuso de la temporalidad por haber superado los tres años con contratos de duración determinada. Las administraciones cuentan, en estos momentos y según cita Radio Televisión Española, con 900.000 empleados temporales.
Este mecanismo que estudia Función Pública avisaría cuando una persona supere el límite de tres años encadenando este tipo de relación laboral, con la intención de permitir que las administraciones y las empresas públicas lleven a cabo actuaciones concretas y disuasorias que eviten que la relación laboral sea abusiva.
Sanciones estrictas con efecto disuasorio
A este movimiento con el que controlar la temporalidad, se le sumaría un régimen de sanciones estricto de modo que ejerza un efecto disuasorio sobre las empresas del sector público que estén tentadas a abusar de la temporalidad. Se haría efectiva en los casos en que se mantenga durante años a trabajadores temporales en puestos destinados a cubrir una necesidad estructural.
Esto sigue pasando y la temporalidad mantiene un elevado peso en el sector público, como muestran los datos correspondientes a 2025, que colocan la tasa alrededor del 32% en el conjunto de las administraciones en las que trabajan unos 3,1 millones de personas.
El problema ha hecho que en la Unión Europea se enciendan las alarmas y se han producido distintos pronunciamientos por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Las instituciones comunitarias consideran que estas medidas no han resuelto apenas nada y que siguen quedando flecos pendientes para prevenir y sancionar los abusos.
Bruselas pide al Gobierno que presente el plan antes del 29 de agosto
El Gobierno tiene hasta el 29 de agosto para presentar a la Comisión Europea el nuevo plan contra la temporalidad, con un plazo inicial que terminó el pasado 29 de junio, momento en que España pidió una prórroga de dos meses a la que Europa dio el visto bueno.
Hace más de diez años que la Comisión Europea vigila a España en lo que tiene que ver con la temporalidad, y desde 2014 investigan si se incumple la Directiva 1999/70 que obliga a evitar el abuso de los contratos temporales garantizando que los trabajadores reciban un trato equivalente al de los empleados fijos.
En 2021, el Gobierno aprobó dos normas para tratar de reducir esta temporalidad, el RD 14/2021 que modificó el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) y la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Pero no ha sido suficiente porque varias resoluciones europeas dictadas desde 2024 cuestionan el modo de responder del Gobierno español.
Los interinos no se convertirán en fijos de forma automática
El TS determinó en mayo de 2026 que el abuso de temporalidad no daba derecho a pasar a fijos a los interinos y que para conseguir esta condición había que superar un proceso selectivo de acceso al empleo público. El Pleno de la sala de lo Social señaló que habría que superar un proceso sujeto a los principios de “igualdad, mérito y capacidad” y que en caso de no hacerlo, no podrían ser trabajadores fijos.
En 2016, una trabajadora de un centro público de la Comunidad de Madrid presentó una reclamación después de encadenar más de 6 interinidades. El caso llegó al TJUE remitido por el Supremo.