El mercado ilegal de cigarrillos electrónicos o vapers se ha convertido en un problema creciente en España. Aunque el consumo no es especialmente alto en comparación con otros países europeos, cada vez es más fácil encontrar estos productos fuera de los canales autorizados, lo que ha puesto en alerta al sector y a las autoridades sanitarias.
“El 39% de los cigarrillos electrónicos que se venden en España lo hacen fuera de la legalidad”. Así lo sostiene Arturo Ribes, presidente de la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV), en una entrevista para NoticiasTrabajo, advirtiendo de que este desplazamiento hacia canales no autorizados ya está teniendo un impacto directo en el sector con la caída de ingresos, cierre de negocios y la pérdida de miles de empleos.
El cambio de canal hunde las ventas y afecta al empleo
La patronal dibuja un panorama preocupante y sitúa el origen del problema en el cambio de hábitos de compra. Porque no es que la gente haya dejado de vapear, sino que ha cambiado el lugar donde se consigue el producto.
Este cambio ya está pasando factura a los pequeños comercios que operan bajo la legalidad, donde, según el sector, “un 50% de la facturación se está perdiendo”, reflejando así una caída de ingresos que empieza a notarse también en las plantillas. “En unos seis meses tendrán que reducir entre uno y dos empleados de cada comercio”, lo que acabaría sumando “aproximadamente 1.000 empleados” menos en el sector en todo el país, según explica Ribes.
Pero, ¿cuál es la ventaja de estos puntos de venta no autorizados? La principal razón está en el precio. Al no pasar por los controles que exige la normativa, como el registro en la Unión Europea, el análisis necesario, la trazabilidad o los límites de producto, pueden vender mucho más barato, y esa diferencia es clave a la hora de elegir por parte del consumidor.
“Si un producto cuesta 20 euros en una tienda especializada y en otro sitio lo encuentras a la mitad, el consumidor muchas veces opta por el más barato”.
Además del impacto económico, el sector advierte de que muchos de estos productos que se comercializan fuera de los canales autorizados no pasan los controles exigidos por la normativa europea, por lo que se desconoce realmente su composición, trazabilidad o niveles de seguridad.
A eso se suma la facilidad de acceso. En la mayoría de estos puntos de venta no se comprueba la edad del comprador, algo que sí ocurre en las tiendas especializadas. El resultado es que los menores tienen más fácil hacerse con vapers que pueden encontrar “en bazares, gasolineras, bares o incluso discotecas”. Una combinación de precio más bajo y menos control, que está inclinando el mercado hacia los canales no autorizados.
Así, esta situación también perjudica a los dispositivos regulados pensados para fumadores adultos que buscan dejar el tabaco y que sí cumplen con los estándares sanitarios establecidos por la Unión Europea.
Cerrar el grifo de los canales no autorizados
Por ello, desde UPEV insisten en que el debate no debe centrarse en el vaper, sino en cómo se vende, porque “el producto no es un problema cuando está regulado”, defiende Ribes, que recuerda que los dispositivos autorizados pasan controles y cuentan con el visto bueno europeo.
En países como Reino Unido, organismos públicos sanitarios han llegado a señalar que el vapeo regulado puede servir como herramienta de reducción de daño frente al cigarrillo tradicional, aunque recuerdan que no está exento de riesgos y que nunca debe ser utilizado por menores ni por personas no fumadoras.
“La solución es regular el canal. Prohibir un producto es negativo porque nos vamos al mercado negro”.
De cara a los próximos meses, el sector confía en un cambio normativo que ponga freno a esta situación y Ribes asegura que están a la espera de un nuevo Real Decreto que regule de forma específica los puntos de venta, una medida que consideran clave para reconducir el mercado. “Si se regula el canal, veremos cómo la incidencia de vapeo en menores se reduce drásticamente”, sostiene el presidente de la asociación, que insiste en que esta es “la solución más viable” frente a otras opciones más restrictivas.
Además, la organización asegura haber trasladado esta petición al Ministerio de Sanidad, al que reclama centrar los esfuerzos en controlar dónde y cómo se venden estos productos, porque sin ese control sobre el canal de distribución será difícil frenar el avance del mercado ilegal y que la actividad regrese a los canales autorizados.