La Xunta de Galicia ha sancionado a una trabajadora de una escuela infantil pública de Vigo tras comunicar a la madre de una alumna un presunto episodio de acoso psicológico ocurrido dentro del centro. La empleada, que llevaba más de 30 años trabajando de cocinera, fue castigada con una falta leve por haber decidido informar directamente a la madre de la alumna afectada por acoso en lugar de seguir el protocolo de actuación establecido por el centro.
Todo comenzó en octubre de 2024, cuando tuvo lugar el episodio que, según varios testimonios, habría protagonizado una profesora sustituta. La menor, de apenas tres años, habría sido encerrada en un baño mientras se le recriminaba no relacionarse con otros compañeros, según aseguran en una información publicada en El Faro de Vigo.
La trabajadora sancionada supo lo que había pasado a través de otra compañera que presenció los hechos en el comedor. Ese mismo día, al recoger a su hija, la madre detectó que la niña estaba alterada y preguntó si había ocurrido algo. Ante esa situación, la empleada decidió contarle lo que sabía y, posteriormente, también informó a la dirección del centro.
Expediente disciplinario por avisar a la familia
Meses después, la Xunta le comunicó la apertura de un expediente sancionador. La Administración consideró que su actuación no fue correcta por no hacerlo mediante el procedimiento designado por el propio centro y trasladar la información directamente a la madre, en vez de comunicarlo exclusivamente a la dirección o a los servicios competentes.
Finalmente, la sanción quedó considerada como una falta leve, al entenderse que se produjo un incumplimiento de funciones sin causar un perjuicio grave al servicio. La trabajadora recurrió la resolución en varias ocasiones, pero todas sus alegaciones fueron desestimadas, por lo que ahora estudia acudir a la vía contencioso-administrativa.
Protestas y apoyo sindical
El caso ha generado malestar entre compañeros y organizaciones sindicales, que han denunciado públicamente la sanción. De hecho, decenas de personas se concentraron el pasado mes de febrero frente a la Escuela Infantil Rosalía de Castro, en el barrio vigués de Coia, para mostrar su apoyo a la empleada, que no ha estado sola en ningún momento.
Desde los sindicatos consideran que este tipo de medidas pueden suponer una “práctica de coacción y advertencia” al resto de trabajadores, al entender que penaliza a quienes intentan informar de posibles irregularidades en el servicio público. Además, reclaman la elaboración de protocolos claros para actuar ante situaciones similares y evitar que se repitan casos como este.
Investigación abierta sobre lo ocurrido
Paralelamente, la Xunta activó el protocolo interno tras recibir la queja de las familias. La investigación sobre la actuación de la profesora señalada sigue en pie, aunque esta mujer ya no trabaja en el centro y la menor ha dejado la escuela al ser ya mayor de edad.
El caso ha reabierto el debate sobre los límites entre el deber de confidencialidad de los empleados públicos y la obligación de informar a las familias ante posibles situaciones de riesgo para los menores. Mientras tanto, la trabajadora insiste en que actuó “como creía correcto” y mantiene su intención de seguir adelante con el proceso judicial.