CCOO ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a Glovo por utilizar empresas subcontratadas con el objeto de reducir el impacto de la huelga de repartidores que empezó este viernes y que termina hoy domingo. El sindicato de Unai Sordo sostiene que la empresa ha incurrido en la vulneración del derecho fundamental de huelga lo que ha calificado como “una artimaña ilegal”.
Carlos Sola, representante de CCOO en Madrid, ha asegurado a EFE que existen pruebas de que la plataforma de reparto ha contactado con otras empresas, conocidas como ‘flota’ para mantener su actividad durante este paro de los trabajadores. Actúan, ha explicado, a modo de empresas pantalla porque la operativa la gestionan desde el algoritmo de Glovo.
A falta de más datos oficiales, como el de seguimiento de la huelga, CCOO asegura que en determinadas zonas como la periferia de Madrid, la actividad ha sido prácticamente nula. Pero los pedidos han seguido gestionándose por medio de estas subcontratas por el que el sindicato apunta a una planificación previa de manera que se “minimice de forma legal” el efecto de la protesta sin abrir canales de negociación con la plantilla.
Glovo anunció el despido de más de 750 trabajadores
Glovo avisó en el mes de marzo de la puesta en marcha de un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que afectaría a 750 repartidores en España al que contestó de inmediato la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Los trabajadores, al mismo tiempo, pidieron una mejora en sus condiciones laborales.
La empresa se ha respaldado y ha justificado estos despidos como una medida urgente para “evitar el cierre” en un contexto de reducción de su servicio en determinadas provincias. No obstante, asegura que mantendrá su función en unas 800 localidades españolas.
Este conflicto está inscrito en el proceso de adaptación del sector al nuevo marco regulatorio. Hace menos de un año, Glovo (que pertenece a Delivery Hero desde 2022) contrató a 14.000 repartidores para cumplir con la ‘Ley Rider’ que está en vigor desde 2021 y que prohíbe el uso de falsos autónomos.
Queda por conocer la valoración de la Inspección de Trabajo sobre la denuncia presentada y si aprecia indicios de vulneración del derecho de huelga, un aspecto que podría tener consecuencias jurídicas relevantes para la compañía en un momento especialmente delicado para su actividad en España.