El Gobierno saca adelante el proyecto de ley que reducirá tanto la jornada lectiva del profesorado como el número máximo de alumnos por aula, una de las principales reformas educativas de la legislatura que, eso sí, aún se tiene que aprobar en el Congreso de los Diputados y en el Senado para que entre en vigor definitivamente. Sin duda, esta era una de las reclamaciones más importantes del sector educativo en los últimos tiempos, en el que cada vez más maestros y profesores se quejaban de la gran cantidad de alumnos por clase a los que tenían que hacer frente.
La norma, impulsada inicialmente por la exministra Pilar Alegría y retomada por la actual titular de Educación, Milagros Tolón, plantea una reorganización progresiva del sistema educativo con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los docentes y la calidad de la enseñanza. Según el calendario previsto, algunas medidas podrían comenzar a aplicarse a partir del próximo curso, aunque su implantación completa se extenderá durante varios años.
Menos alumnos por clase y menor carga lectiva
Entre los cambios más relevantes figura la reducción de las ratios en las aulas. El texto establece un máximo de 22 alumnos por clase en Educación Primaria y 25 en Secundaria, frente a los actuales 25 y 30, respectivamente. Esta disminución se implementará de forma gradual: primero en Infantil y Primaria (curso 2027-2028), después en Secundaria (2028-2029) y, finalmente, en Bachillerato (2029-2030), hasta alcanzar su plena aplicación en el curso 2031-2032.
En paralelo, la ley introduce una rebaja de la carga lectiva del profesorado. Se fija un máximo de 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 horas en Secundaria y Bachillerato, con el propósito de homogeneizar las condiciones laborales en todo el territorio. El Ministerio defiende que esta medida permitirá mejorar la atención al alumnado y favorecer la calidad del sistema educativo.
La nueva ley se aplicará progresivamente
La implantación de algunos de estos cambios, como el cómputo doble del alumnado con necesidades educativas especiales en centros sostenidos con fondos públicos, comenzará previsiblemente en el curso 2026-2027. Sin embargo, varias comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular, han solicitado más tiempo para evaluar el impacto económico y organizativo de la reforma.
El proyecto también contempla la creación de un índice de vulnerabilidad socioeconómica para identificar centros con mayor complejidad y adaptar los recursos a sus necesidades, una medida que busca corregir desigualdades estructurales del sistema educativo.
Durante la presentación, Tolón subrayó que la iniciativa ha sido consensuada con los sindicatos docentes y respaldada por unanimidad por el Consejo Escolar del Estado, insistiendo en que “no es una decisión unilateral”. Aun así, dentro de la comunidad educativa persisten demandas adicionales, como extender la reducción de jornada al profesorado de la enseñanza concertada o ampliar los supuestos de alumnado que computa como doble plaza.
Una reforma condicionada por el calendario político
El recorrido parlamentario y el calendario legislativo añaden incertidumbre a la entrada en vigor de la ley. Con el periodo ordinario de sesiones próximo a finalizar en junio, no está garantizado que todas las medidas puedan aplicarse desde el inicio del próximo curso.
La reforma se inscribe en un contexto más amplio de debate sobre la calidad del sistema educativo y las condiciones del profesorado en España. El Ejecutivo defiende que la reducción de ratios y de carga lectiva responde a una reivindicación histórica del sector, mientras que las comunidades autónomas reclaman garantías de financiación y una mayor flexibilidad en los plazos de aplicación.