Los conflictos entre hermanos por una herencia pueden terminar provocando que una parte importante del patrimonio familiar acabe destinada a pagar abogados y costas judiciales. Es lo que le ha ocurrido a un hombre que reclamó quedarse con la casa de sus padres, valorada en unas 600.000 libras (unos 702.000 euros), alegando que ambos le habían prometido la vivienda para compensarle por haberles cuidado durante sus últimos años.
El problema surgió, según recogen desde Today’s Wills&Probate, después de que su madre falleciera en 2016 sin haber hecho testamento. La herencia, formada principalmente por una vivienda familiar de tres habitaciones, debía repartirse a partes iguales entre sus tres hijos. Sin embargo, uno de ellos acudió a los tribunales asegurando que tenía derecho a quedarse con ella porque en 1990 se había instalado a vivir en ella para cuidar de sus padres a petición de estos.
Durante el procedimiento sostuvo que había renunciado a parte de su independencia para atenderlos y que, a cambio, le habían asegurado que algún día la vivienda sería suya. Sin embargo, no existía ningún documento que acreditara esa promesa y el juez tampoco encontró pruebas de que los padres hubieran querido dejar sin herencia a sus otros dos hijos.
El juez no creyó que sus padres le hubieran prometido la casa
El tribunal consideró que el hijo no había demostrado que hubiera realizado los sacrificios que afirmaba para cuidar a sus padres. Los testimonios de sus hermanos apuntaban a que ninguno de ellos necesitaba cuidados especialmente intensivos y que era la propia madre quien continuaba ocupándose en gran medida de las tareas del hogar.
El juez consideró que algunas de las supuestas conversaciones con sus padres resultaban poco creíbles y señaló que hacer la comida de vez en cuando y prestarles una ayuda básica no era un motivo suficiente que demostrase que había asumido las labores de cuidado que justificaran quedarse con la propiedad.
Tendrá que abandonar la casa y pagar 310.000 euros
Tras rechazar su reclamación, el tribunal ordenó al hijo abandonar la vivienda en un plazo de 28 días y pagar unas 265.000 libras (cerca de 310.000 euros) entre gastos legales, costas y las cantidades correspondientes al tiempo que permaneció ocupando la vivienda ilegalmente durante el proceso.
El procedimiento se prolongó durante más de ocho años y terminó reduciendo de forma considerable el patrimonio que los padres habían dejado para sus tres hijos. De hecho, durante el proceso llegó a ofrecérsele un acuerdo por el que habría recibido el 62,5% del valor de la vivienda, pero decidió continuar reclamando la propiedad completa.