El sistema de pensiones en Dinamarca se ha convertido en un referente y en uno de los casos más citados por los expertos debido a la sostenibilidad y suficiencia de las prestaciones a una población que cada vez está más envejecida. Un estudio realizado por Torben M. Anderson, Svend E. Hougaard y Jesper Rangvid pone en evidencia el buen funcionamiento de un sistema que contrasta con países como España, donde las prestaciones que cobran los jubilados y pensionistas dependen de la Seguridad Social.
Bajo el título de ‘The danish pension system’, presenta un modelo en el que se combina una base de cotizaciones pública de carácter redistributivo con el desarrollo de planes de pensiones (ocupacionales) que ha permitido a Dinamarca colocarse en muy buena posición en lo referente al bienestar de sus mayores que ya no trabajan.
En estos casos, es inevitable comparar lo que se hace en otros países con España. Ambos afrontan el mismo desafío, el aumento de la esperanza de vida y una natalidad que cada vez es más baja. Y en los dos casos se han tomado decisiones y se han puesto en marcha estrategias para evitar la caída en picado de sus sistemas de pensiones.
La hucha de las pensiones del Gobierno de España sigue dando que hablar y los expertos, como el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz, lo tienen claro: “no hay ni para pagar pipas”.
Las pensiones son públicas financiadas por los impuestos
En Dinamarca se presenta un modelo híbrido. Por una parte, se mantiene la pensión pública que se sostiene por los impuestos de los ciudadanos y con la que se quiere garantizar ingresos mínimos a los jubilados. Y por otro lado, se incorporan de forma generalizada los planes de pensiones que son negociados entre los trabajadores y las empresas que se basan en la capitalización de cada persona.
En este segundo caso, se suman activos equivalentes a más del doble del PIB del país, siendo el mecanismos principal para la sustitución de las rentas. España, por su parte, se apoya en las cotizaciones de los trabajadores que son los que financian las pensiones.
Aunque existen planes de pensiones complementarios, con carácter privado, son marginales y no tienen la misma importancia que en el caso de Dinamarca.
El sistema de pensiones danés planifica a largo plazo
Uno de los elementos más destacados del sistema de pensiones danés es su capacidad de adaptación. Muestra de ello es la reforma que se llevó a cabo en 2006 en la que se introdujo un mecanismo que vincula la edad de jubilación a la esperanza de vida, por lo que se pueden realizar ajustes sin que dependa de las decisiones políticas.
En España, las reformas han sido más graduales, dependientes de las decisiones del Ministerio de la Seguridad Social y sujetas a negociación política. La edad de jubilación es cierto que se va elevando de manera progresiva, pero no de un modo tan explícito como en Dinamarca.
Las reformas danesas se anuncian con años de antelación por lo que es más fácil que se implanten de modo gradual.
Los incentivos al ahorro, un problema
El sistema danés no está exento de tensiones, la coexistencia de pensiones públicas que están sujetas a criterios de renta y planes privados genera efectos que pueden perjudicar a quienes disponen de planes de ahorro o incentivos. Porque cuanto más consigue ahorrar un trabajador, menor puede ser su pensión. A esto le llaman los autores del informe “imposición implícita”.
Además, encuentran desigualdades entre la cobertura de los planes ocupacionales y diferencias en la esperanza de vida según el nivel socioeconómico. En España, vemos que el principal reto sigue siendo la sostenibilidad de la hucha de las pensiones. La subida del número de pensionistas, unido a carreras laborales que son inestables con la falta de fijeza, provocan desequilibrios.
Las reformas que ha realizado el Gobierno de España en el sistema de pensiones (como el refuerzo del ingreso por cotizaciones o los mecanismos de equidad intergeneracional), buscan contener ese desequilibrio pero no alteran el modelo.
¿Qué hace Dinamarca? Opta por diversificar las fuentes de financiación y traslada parte del esfuerzo al ahorro individual. Reduce la presión directa en las cuentas públicas con riesgos asociados a los mercados financieros, sobre todo cuando hay entornos de baja rentabilidad.