La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España por obligar a los contribuyentes no residentes a tributar por viviendas utilizadas como residencia habitual, al considerar que esta práctica vulnera la libre circulación de capitales y de trabajadores dentro de la Unión Europea. Bruselas ha concedido un plazo de dos meses para que el Gobierno modifique la normativa, antes de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Según el comunicado recogido por Europa Press, actualmente la ley en España exige que los no residentes paguen un impuesto equivalente al 2% del valor catastral de sus inmuebles, mientras que los residentes en España no están sujetos al mismo cuando se trata de su vivienda habitual. Esta forma diferente de tratar los impuestos en cada caso se considera discriminatoria por la Comisión.
Bruselas entiende que esta normativa afecta a la libre circulación dentro del mercado único, penalizando a aquellas personas que tienen propiedades en España aunque no vivan en el país.
Bruselas da dos meses antes de acudir al TJUE
El procedimiento de infracción se encuentra ya en una fase avanzada, puesto que la Comisión Europea abrió un expediente contra España en junio de 2025 y, tras no obtener resultados satisfactorios en la primera fase, ha emitido ahora un dictamen motivado.
Esto implica que se ha concedido a España un plazo de dos meses para que modifique la normativa dejando de lado esta discrimicación. En el caso se que no tomen medidas Bruselas podrá elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que abriría la vía judicial.
Si se llegase hasta el TJUE y este confirse que la legislación española va en contra del derecho comunitario en esta matería, España podría enfrentarse a sanciones económicas.