La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España por obligar a los contribuyentes no residentes a tributar por viviendas utilizadas como residencia habitual, al considerar que esta práctica vulnera la libre circulación de capitales y de trabajadores dentro de la Unión Europea. Bruselas ha concedido un plazo de dos meses para que el Gobierno modifique la normativa, antes de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Según el comunicado emitido por el Ejecutivo comunitario, recogido por Europa Press, la legislación española establece que los ciudadanos no residentes deben pagar un impuesto equivalente al 2% del valor catastral de sus inmuebles, mientras que los residentes en España no están sujetos a este gravamen cuando se trata de su vivienda habitual. Esta diferencia de trato fiscal es considerada por la Comisión como una discriminación.
Bruselas entiende que esta normativa afecta directamente a la libre circulación dentro del mercado único, al penalizar a quienes poseen propiedades en España sin residir en el país.
Bruselas da dos meses antes de acudir al TJUE
El procedimiento de infracción se encuentra ya en una fase avanzada, puesto que la Comisión Europea abrió un expediente contra España en junio de 2025 y, tras no obtener resultados satisfactorios en la primera fase, ha emitido ahora un dictamen motivado.
Este paso supone un aviso formal que concede a España un plazo de dos meses para corregir la legislación. Si no se producen cambios, Bruselas podrá elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que abriría la vía judicial.
En caso de que el asunto llegue al TJUE y se confirme la incompatibilidad de la normativa española con el derecho comunitario, España podría enfrentarse a sanciones económicas.
La Comisión insiste en la necesidad de adaptar la legislación para garantizar la igualdad de trato entre residentes y no residentes, en línea con los principios del mercado único europeo.