Donald Trump ha reconocido públicamente que las redadas migratorias implementadas bajo su mandato han afectado gravemente a industrias clave como la agricultura y la hostelería. Aunque su administración multiplicó por seis los arrestos de inmigración interior y promovió la deportación de hasta un millón de personas al año, el expresidente ahora admite que estas medidas “han eliminado a trabajadores muy buenos y difíciles de reemplazar”.
Durante los primeros 50 días de la nueva administración Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó más de 32.800 arrestos, superando así el total anual del ejercicio fiscal anterior. Según datos recogidos por Time y confirmados por el National Immigration Forum, se ha establecido un objetivo público de alcanzar hasta un millón de deportaciones anuales, frente al récord histórico de 267.000 en 2019.
Esta política ha ido acompañada de un incremento en la capacidad de detención, que ya ronda las 50.000 plazas, y se prevé duplicarla. Por ello, el gobierno ha retomado la construcción del muro fronterizo, declarando la emergencia nacional en la frontera sur desplegando así 10.000 soldados para reforzar los controles.
Detenciones y miedo en las redadas de explotación agrícolas
Las operaciones de ICE han aumentado en zonas rurales, con foco en granjas de California, donde se han reportado múltiples detenciones sin orden judicial. El condado de Ventura, por ejemplo, registró 40 arrestos en solo 48 horas. La abogada Vanessa Frank explicó que muchos de los detenidos “llevaban más de una década en el país”, como publicó Time.
Estas redadas han generado respuestas inmediatas, como bloqueos de vehículos federales por parte de familiares de los trabajadores. También han dejado a las explotaciones agrícolas sin parte de su mano de obra habitual. Trump escribió en redes sociales que se avecinan “cambios importantes”, admitiendo que “necesitamos proteger a los agricultores, pero sacar a los criminales”.
Por otra parte, Teresa Romero, presidenta del sindicato United Farm Workers (UFW), alertó en declaraciones también al Time del miedo extendido entre los trabajadores afirmando que “están aterrorizados, pero deben seguir trabajando para alimentar a sus familias y pagar el alquiler”.
Según los últimos datos recogidos por el Departamento de Agricultura de EE. UU., cerca del 40% de los trabajadores agrícolas no cuentan con una autorización legal, una cifra que descendió desde el 54% registrado en 2020. El sector agrícola estadounidense depende mucho de la mano de obra inmigrante. Esta dependencia es mayor en sectores como la industria lechera, donde la presencia de trabajadores inmigrantes es clave para tareas como el ordeño o alimentar al ganado.
UFW ha instado a los empleadores a formar al personal sobre sus derechos durante las redadas. “Estamos hablando no solo de pérdida humana, sino de cultivos pudriéndose en el campo”, advirtieron.
Una posible regulación temporal
Pese al tono general de endurecimiento, Trump ha dejado entrever un posible giro en su enfoque migratorio. En una reunión del gabinete del 10 de abril, afirmó que algunos trabajadores del campo deberían poder “quedarse por un tiempo” y someterse a un “proceso legal” que les permita una mayor estabilidad.
La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, declaró que se está evaluando una “flexibilización de las normas para trabajadores sin papeles”, aunque aún no se han presentado todavía propuestas concretas. Este mensaje iría en concordancia con otras medidas, como la revocación de permisos humanitarios, la eliminación de servicios legales para menores migrantes y la amenaza de sanciones a ciudades “santuario”.
Según el American Immigration Council, esta contradicción se debe a que el Gobierno intenta cumplir con su política de deportaciones, pero al mismo tiempo enfrenta la presión de sectores económicos que necesitan mano de obra inmigrante para funcionar.
