El Ministerio de Consumo ha remitido al Ayuntamiento de Madrid un listado con 3.565 direcciones de viviendas turísticas sin licencia, junto a una carta firmada por el ministro Pablo Bustinduy. En ese escrito, el titular de Consumo subraya la intención de “apoyar el trabajo de inspección y sanción” del Consistorio, en respuesta al “grave problema que sigue afectando a la ciudad”.
La entrega, la más amplia hasta la fecha, se produce tras meses de advertencias por parte del Ministerio, que ya en marzo había puesto sobre la mesa más de 15.000 alojamientos turísticos ilegales en la ciudad, con apenas 1.131 licencias concedidas oficialmente por el Consistorio. Entonces, Consumo remitió una primera tanda de 1.218 direcciones y exigió al alcalde, José Luis Martínez Almeida, que pusiera en marcha inspecciones y sanciones. La nueva remesa eleva a 3.565 el número de viviendas identificadas y listas para ser inspeccionadas.
La respuesta de Almeida ha sido tajante, acusando a Bustinduy de “deslealtad institucional” y le recuerda que “la competencia de la comercialización es del Gobierno de España”. Sin embargo, el Ministerio vuelve a señalar que, según la normativa urbanística, es el Ayuntamiento la autoridad competente para inspeccionar y clausurar estos alojamientos. “No hay excusas: ahora tienen la información y la obligación de actuar”, insisten fuentes ministeriales.
Consumo señala el ejemplo de Barcelona, donde durante el mandato de Ada Colau se cerraron 7.000 pisos turísticos ilegales y se recuperaron 3.000 para el mercado residencial. En Madrid, la proliferación continúa pese a los expedientes sancionadores abiertos a grandes plataformas (Booking eliminó más de 4.000 anuncios tras un requerimiento, Airbnb tiene abierto un expediente y ya suma dos pronunciamientos en contra del TSJM).
Mientras Almeida aplaude las acciones del Ministerio contra las plataformas digitales y reclama “estrangular la publicación y comercialización”, el Consistorio sigue sin comprometerse a una ofensiva de inspección y clausura a gran escala. El Ministerio insiste: “La solución está en la voluntad política”.
Con los datos sobre la mesa, el Ayuntamiento tendrá que decidir si, como Barcelona, asume el reto de cerrar miles de alojamientos ilegales o prefiere mantener el pulso institucional mientras el problema de la vivienda se agrava en la capital.
