La Comisión Europea está preparando un paquete de medidas para reducir el impacto del encarecimiento de la energía por el conflicto en Oriente Próximo. Entre estas, se encuentra implantar al menos un día de teletrabajo obligatorio a la semana en las empresas. Una medida que ha rechazado este jueves la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Díaz se ha posicionado en contra no por la medida en sí, sino por que se obligue a ello, considerando que teletrabajar debería ser voluntario. “No soy partidaria de obligar a nadie a nada. Creo que el criterio es la voluntariedad”, ha expresado en una entrevista para ‘Onda Cero’.
En estos términos, la ministra de Trabajo ha querido recordar que España cuenta con una Ley de Teletrabajo fruto del diálogo social, que permite a las empresas españolas recurrir al trabajo a distancia, pero desde la voluntariedad.
“Es verdad que en todas las crisis, como en la gestión de la DANA y las últimas recientes, siempre recordamos que el teletrabajo, o el trabajo a distancia, es una de las medidas”, ha señalado Díaz, agregando que muchas de las “recomendaciones” que está trabajando Bruselas ya están desplegadas en España.
En último lugar, ha querido recalcar que el impacto de la guerra en Irán en España no es el mismo que están sufriendo “muchos de los otros países” de los Estados miembros en Europa.
Las medidas que baraja Europa para reducir costes
La primera medida es implantar un día de teletrabajo a la semana, con el objetivo de reducir los desplazamientos diarios y, en consecuencia, el consumo de combustible. A esta, se le une reducir el precio del transporte público o incluso hacerlo gratuito para determinados colectivos. La Comisión Europea también ha propuesto cerrar edificios públicos siempre que no sean estrictamente imprescindibles para ahorrar en climatización y electricidad.
Por otro lado, abogan por la protección de consumidores vulnerables, creando “vales de energía” específicos para hogares de bajos ingresos, introducir o prorrogar precios regulados temporales y reducciones de impuestos sobre la electricidad, prohibir temporalmente los cortes de suministro eléctrico por impago y obligar a las compañías energéticas asesorar sobre las tarifas más económicas.
Junto a este bloque, Bruselas propone flexibilizar las ayudas de Estado para permitir apoyos económicos a sectores especialmente afectados, como la industria o la agricultura, en forma de subvenciones de hasta el 50% del sobrecoste en combustibles y fertilizantes.
