
La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en una entrevista en La hora de la 1 de RTVE, esta misma mañana de martes, se ha manifestado sobre el acuerdo entre PSOE y Junts para la delegación de competencias sobre inmigración a la Generalitat catalana.
Ha asegurado que conocía el acuerdo suscrito entre ambos para dicha cesión de competencias y que se trata de una “delegación compartida que no altera las competencias del Estado”. Según ha recogido Europa Press, la vicepresidenta ha valorado como “importante” la proposición de ley registrada este martes en el Congreso por socialistas e independentistas catalanes porque se encuentra en el marco constitucional, la legislación europea y dentro del respeto a los derechos humanos.
La vicepresidenta segunda ha señalado que la norma se enmarca en el artículo 150 de la Carta Magna al ser una delegación compartida y ha pedido a la oposición, en concreto al Partido Popular, que “lo estudie con calma y profundidad” y que en todo caso realice las “matizaciones que quieran” en la tramitación parlamentaria de la ley.
La proposición de ley que han registrado PSOE y Junts en el Congreso para delegar las competencias en inmigración, consiste básicamente en que los Mossos gestionarán la seguridad de puertos y aeropuertos con la Guardia Civil y la Policía Nacional.
“Tanto los puertos como otras infraestructuras seguirán bajo la competencia del Estado, y la delegación no altera el marco constitucional”
Permisos de residencia e inmigración
Yolanda Díaz ha señalado que la medida busca mejorar la gestión de la inmigración dentro de los márgenes legales establecidos por ley. Respecto a los permisos de residencia, la Ministra, ha aclarado que estos seguirán siendo competencia del Estado, tal y como venía siendo.
“ Se habla de una delegación de competencias en la gestión, pero la titularidad sigue residiendo en el Ministerio”
Sumar, tal y como asegura la vicepresidenta segunda, apoyará la propuesta de ley si esta sigue respetando los principios constitucionales y europeos, recalcando que la clave es “compartir la gestión de las competencias sin alterar el marco competencial del Estado”.
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