La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que implantará el Gobierno ha provocado total indignación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pocas veces una medida estatal había provocado tal unanimidad en su rechazo. Por ello, diez sindicatos policiales y asociaciones de Guardias Civiles han creado la plataforma ‘No a la España insegura’, como primer paso de protesta a la denominada por sus detractores Ley Mordaza.
Por parte de la Policía Nacional, SUP, SPP y UFPA; UGC, AEGC, APC, ASES-GC, UO e IGC, provenientes de la Guardia Civil; y, por última, PLA, el sindicato de Policía Local Asociada, son las entidades creadoras y promotoras de esta plataforma que marcará la hoja de ruta de las distintas manifestaciones que ya se han convocado. De momento, tres. Aunque no se descartan más conforme evolucionen los acontecimientos con la intención de crear "unidad de acción real para frenar la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana".
- La primera, el 17 de noviembre, a las 18:00 horas, en la plaza de Carabanchel nº5 de Madrid, con el objetivo de acabar de concretar el nacimiento de ‘No a la España Insegura’.
- La segunda, el 24 de noviembre, a las 12:00 horas, en todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.
- Y la tercera, la “gran manifestación”, como así la define, convocada por Jusapol, el 27 de noviembre, con miles de policías y guardias civiles mostrando su clamor frente a las puertas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Nueva ley de Seguridad Ciudadana: ¿qué reclaman Policías y Guardias Civiles?
“Las enmiendas que el Ejecutivo y sus socios pretenden llevar a cabo sobre la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, vacían de contenido práctico la capacidad de la acción policial para proteger a una ciudadanía cada vez más indefensa ante el exponencial aumento de la delincuencia y la violencia”, explican desde la asociación, ‘Una Policía para el Siglo XXI’.
Aunque si hay una palabra en la que coinciden todas las asociaciones y sindicatos es que la nueva ley les “desprotege”. "Se favorece a los que incumplen la ley y delinquen", concluyen sobre los cambios. El atestado policial perderá la presunción de veracidad. Algo inconcebible: "La palabra del agente debe tener la presunción de veracidad y, luego, si se demuestra lo contrario, se actúa vía judicial y régimen disciplinario", justifican.
También recelan de que el detenido tenga que ser devuelto al lugar donde se inició la intervención. No quieren, en este sentido, que los agentes sean “taxistas” o que no puedan usar material antidisturbio.
Por otra parte, consideran un riesgo para la integridad física de los agentes y sus familias que grabar a las Fuerzas de Seguridad no constituya infracción. De hecho, reclaman que cada agente porte una cámara para grabar en integridad todas sus actuaciones ya que las grabaciones de los ciudadanos son “muy manipulables”. En cuanto a las manifestaciones espontáneas, que no tendrán que ser comunicadas previamente, estiman que atentan contra la seguridad ciudadana y “vuelve a poner en situación de peligro e indefensión a los policías que se vean obligados a intervenir".
Marlaska ha olvidado a quienes representa
Si apuntan contra el Gobierno, contra el PSOE y Unidas Podemos por pactar a “espaldas” de las organizaciones implicadas al respecto de una ley que supone cambiar los aspectos más polémicos de un texto legislativo avalado por el Tribunal Constitucional, Fernando Grande Marlaska es la diana.
El ministro del Interior trató, según las organizaciones, de frenar las movilizaciones con artimañas, reuniéndose uno a uno con las organizaciones y sindicatos. Este movimiento a posteriori no ha hecho nada más que enturbiar las aguas y añadir más entidades a la causa, como el Jusapol.
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