Cuenta atrás para la conocida como ‘Ley Mordaza’ que aprobó por mayoría absoluta el Partido Popular (PP) en 2015, y que tiene las horas contadas. El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ultiman las enmiendas que van a dar forma a la nueva Ley de Protección Ciudadana, con la que se conoce oficialmente al marco legislativo que pretende suavizar el Ejecutivo con diez puntos clave.
Una medida por la que se han venido acumulando protestas en los últimos tiempos. No solo de la ciudadanía, en forma de manifestaciones y actos. Si no también de las distintas fuerzas políticas. La que más, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que siempre le ha brindado ese apoyo necesario a Pedro Sánchez.
La principal de toda la batería de modificaciones que van a alterar el esqueleto central que configuró el Gobierno de Mariano Rajoy será la de proteger los derechos de los manifestantes y reducir el poder inédito de las Fuerzas de Seguridad que critican sus disidentes.
¿Qué cambios va a experimentar la ‘Ley Mordaza’ en 2021?
Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y socialista, junto con el secretario general del Partido Comunista Español y parlamentario de UP, Enrique Santiago, han afirmado tener listo sus 10 puntos principales. Aunque no se descartan que otros partidos como Unidas Podemos o el propio PNV presenten sus propias enmiendas. El tiempo de detención, el material antidisturbios o las multas a pagar, sus principales brazos ejecutores.
Recordemos pues que la intención del Ejecutivo, que la ha subrayado varias veces como uno de sus grandes caballos de batalla, es concluir durante estos días el texto y presentarlo en Consejo de Ministros el próximo miércoles para incluirla con la mayor celeridad posible en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
10 puntos claves
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Reducción del tiempo de detención sin justificación por la no identificación. Se pasa de un máximo de dos horas, por las seis que contemplaba la ley del PP, como tiempo tope de retención en comisaría para aquellos que son arrestados y se niegan a identificarse. Además, se deberá devolver a la persona al lugar donde fue detenida.
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Acabar con el material antidisturbios propenso a lesiones. La norma inminente contempla dejar de usar, por ejemplo, las pelotas de goma, que han provocado la pérdida del globo ocular en algunos manifestantes. Se quiere evitar, por tanto, lesiones irreparables.
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Evitar cacheos denigrantes y desnudos. “No se dejará a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes, con el máximo respeto a la identidad sexual, procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros”, indica una de las enmiendas.
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Las manifestaciones espontáneas dejarán de ser una infracción. Aquellos actos de protesta no autorizados previamente ya no impedirá la libertad de manifestación “cuando el ejercicio pacífico de tal derecho precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público”.
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Excepción a la presunción de veracidad de la Fuerzas de Seguridad del Estado. La presunción de veracidad del atestado policial que redacta el agente estará subordinada a que este “resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario”.
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Multas según la capacidad económica del infractor. La cuantía económica de las sanciones ya no será desproporcionada con esa intención disuasoria. Se contemplan reducciones del 50% para los que cobren 1,5 veces menos el SMI y del 25% para los que cobren entre 1,5 y 2,5 veces menos.
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Laxitud acerca de la tenencia de drogas. La posesión de sustancias estupefacientes, a pesar de no estar destinadas al tráfico, en la vía pública y en establecimientos dejará de constituir una infracción grave a una leve.
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Un DNI plurilingüe. Siguiendo las intenciones gubernamentales de la instauración de un Estado inclusivo en cuanto a lenguas cooficiales, el Documento Nacional de Identidad estará “configurado en las diversas lenguas cooficiales propias del lugar de residencia del solicitante”. Es decir, euskera, catalán, valenciano…
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Ya no constituirá infracción grabar a las Fuerzas de Seguridad. Uno de los puntos más controvertidos de la actual ley. Ahora sí se podrán fotografía, grabar y difundir las actuaciones de los cuerpos del orden. Eso si, hay una excepción: “cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar” de ese miembro de la autoridad.
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Quedan excluídas las ‘devoluciones en caliente’. Las expulsiones de los inmigrantes ilegales de forma inmediata y sin garantía alguna ni protección por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado se han quedado fuera de las enmiendas. El Ejecutivo buscaría que se incluyera en la ley de Extranjería.
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