Esta semana se ha dado a conocer que Silvia Intxaurrondo, la famosa presentadora de ‘La Hora de La 1’, ha demandado a RTVE, la cadena para la que trabaja, por sus nuevas condiciones laborales. Aunque ha seguido conduciendo el programa con normalidad, ambas partes se enfrentarán en un proceso judicial que se celebraría previsiblemente en primavera.
¿Cuál es la base del conflicto? En 2023, RTVE decidió que las mañanas empezasen a ser un espacio de producción propia, y no a cargo de una productora externa. Fue entonces cuando Intxaurrondo empezó a formar parte de la plantilla pero como personal externo, contratada por dos años a través de la empresa Sukun Comunicación S.L., cuyo administrador único era su marido.
En este contrato, de tipo mercantil, se garantizó que la presentadora pudiera cobrar un salario máximo de 269.757 euros al año: 182.000 euros por dirigir el programa cada uno de los años que estaba contratada más 87.757 euros anuales como presentadora. A esto, se sumaba los desplazamientos y pluses por conducir programas especiales. Ahora, el conflicto llega a raíz de una investigación de la Inspección de Trabajo.
La Inspección de Trabajo determinó que era una “falsa autónoma”
La Inspección de Trabajo, a raíz de una denuncia anónima (como relata USO RTVE), abrió una investigación por posibles irregularidades en el contrato. Dentro de esta, Trabajo reclamó información para ver si el contrato mercantil que mantenía Silvia Intxaurrondo podría considerarse como fraude de ley, determinándose finalmente que se encontraba trabajando como una “falsa autónoma”.
Por ello, RTVE se vio obligada a firmar un nuevo acuerdo laboral con la presentadora y dar de alta en la Seguridad Social a la misma, como reconoció el propio presidente José Pablo López. El problema, según ha podido saber ‘El Mundo’, es que no hubo un acuerdo entre las partes y la corporación pública, ante la obligación de atender la demanda de Trabajo, comunicó a Intxaurrondo que pasaba a ser personal laboral no fijo de RTVE. De ese modo, su salario queda condicionado al convenio colectivo del medio público, donde el salario más alto que se recoge son 45.000 euros, muy lejos de lo que venía percibiendo la presentadora.
Silvia Intxaurrondo demanda a RTVE para recuperar su salario y el resto de condiciones laborales
A raíz del cambio, Silvia Intxaurrondo demandó a RTVE para que se le pague el salario que venía percibiendo hasta el momento, alegando que las funciones que realiza siguen siendo las mismas que para las que fue contratada (no ha habido una bajada de funciones o responsabilidad), por lo que vería injustificada su bajada salarial.
Asimismo, en el acuerdo inicial, Intxaurrondo tenía autonomía total en el contenido del programa, mientras que ahora tendría que regirse por el Código Ético y Manual de Estilo de RTVE.
USO denuncia una “doble vara de medir”
USO RTVE, a través de un comunicado, ha denunciado que, el conflicto judicial que se plantea con el caso de Silvia Intxaurrondo, “no hace sino evidenciar una doble vara de medir”. En este sentido, explican que “mientras la plantilla sufre años de pérdida de poder adquisitivo, algunos perfiles mediáticos están disfrutado de condiciones excepcionales, ajenas al convenio y a las tablas salariales vigentes”.
Para el sindicato, “cualquier intento de retribuir por encima de esos límites, rompe la igualdad y la credibilidad de RTVE como servicio público”, reivindicando que RTVE pertenece “a todos los ciudadanos”. Por ello, agregan que “ningún nombre propio, por conocido que sea, está por encima de la ley, del convenio ni del respeto a los trabajadores que cada día sostienen el servicio público con profesionalidad y sin privilegios”.
En la misma línea, USO manifiesta que mientras la corporación pública mantiene abiertas unas oposiciones para redactores, con cientos de profesionales que acreditan méritos, formación y años de experiencia, “algunos nombres mediáticos están cobrando cifras que multiplican por mucho el salario de los trabajadores de plantilla”, citando como ejemplo Lourdes Maldonado (110.000 euros anuales), Juan Ramón Lucas (183.000 euros), David Fernández (80.000 euros), Isabel Gemio (150.000 euros), Ángeles Caso (110.800 euros), Gorka Rodríguez (110.000 euros), Miguel Ángel Menéndez (157.500 euros) o Pepa Bueno (265.300 euros).
Para el sindicato, “resulta indecente que, en una empresa pública se esté tolerando contratos irregulares y retribuciones escandalosas, ninguneando a quienes sostienen los servicios informativos cada día”.
