Los principales sindicatos de la función pública denuncian la “opacidad” del Gobierno en la elaboración de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026. UGT, CSIF y CCOO denuncian falta de transparencia, ausencia de datos clave y una planificación insuficiente tras la reunión celebrada este miércoles en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE).
El conflicto se centra en la falta de información concreta. UGT ha advertido de que no avalará la oferta al considerar que sigue marcada por “la falta de transparencia y la ausencia de planificación”, mientras que CSIF denuncia que el Ministerio “oculta a los sindicatos las cifras y el reparto de personal”, lo que impide una negociación efectiva.
Para CCOO, la situación es igualmente inasumible: “No podemos avalar una oferta de empleo sin cuantificar”, ha señalado el sindicato, que critica que el Ejecutivo solicite “fe” sin aportar datos ni compromisos concretos.
Falta de datos y retrasos acumulados
El malestar sindical no es nuevo, pero se intensifica en un contexto de retrasos en la ejecución de ofertas anteriores y de acumulación de plazas sin convocar. Según UGT, más de 9.000 plazas de personal laboral siguen pendientes, de las cuales 5.765 son de turno libre y otras 3.328 de promoción interna. Estas plazas corresponden a la OEP de 2025 y de años anteriores (2024, 2023).
Aunque el Ministerio se ha comprometido a convocar en un plazo aproximado de dos meses las ofertas de personal laboral de 2023 y 2024, los sindicatos lo ven como una respuesta ante la necesidad de evitar la caducidad de plazas, más que a una estrategia de refuerzo real de la Administración.
Por otro lado, denuncian continuos retrasos en los procesos selectivos, que a veces llegan incluso hasta después de que se termine dicho proceso, lo que no hace más que crear dudas entre los aspirantes y hacer más difcícil la incorporación efectiva a los puestos.
Déficit estructural de personal
Pero si algo de verdad importa dentro de todo este conflicto, es sin duda la alarmante falta de efectivos en la Administración General del Estado. CCOO reclama que la oferta de empleo sea proporcional al número de bajas, que en 2025 superaron los 12.000 efectivos, como única vía para generar empleo neto y sostener la calidad de los servicios públicos.
CSIF, por su parte, advierte de que áreas especialmente tensionadas, como son Extranjería, Seguridad Social o Interior, muestran carencias importantes de personal, agravadas por procesos como la regularización masiva de migrantes.
A este escenario se suma la implantación de la jornada laboral de 35 horas, que, según el sindicato, debería ir acompañada de un refuerzo de plantillas para evitar un deterioro del servicio.
Emergencia climática y promoción interna, sin avances claros
Entre los pocos anuncios del Ministerio figura la creación de una OEP específica para emergencias climáticas en el ámbito de Transición Ecológica. Los sindicatos valoran la iniciativa, pero reclaman que se integre en una planificación global coherente del empleo público.
También critican la falta de avances en promoción interna, con niveles de cobertura bajos y sin mejoras significativas pese a más de un año de análisis. A ello se suma la dificultad para cubrir determinadas plazas, especialmente en los grupos C1 y C2, donde los salarios cercanos al mínimo disuaden a muchos aspirantes de tomar posesión.
En este contexto, los sindicatos coinciden en una advertencia: sin datos, sin planificación y sin garantías de cobertura efectiva, la Oferta de Empleo Público de 2026 difícilmente podrá corregir los déficits estructurales de la Administración ni responder al aumento de la demanda de servicios públicos.
